El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, quien formaba parte de una red que presuntamente sustrajo casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Bello Segura fue acusada en noviembre de 2024 de vender «clandestinamente a nacionales haitianos» municiones de diversos calibres.
El Ministerio Público inició la Operación Pandora contra varios oficiales de la Policía Nacional, incluyendo al coronel Narciso Antonio Féliz Romero y al capitán Nelson Valdez, quienes enfrentan un juicio de fondo. Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, la sentencia contra Bello Segura establece la suspensión de la mitad de la pena, lo que implica que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria.
Las condiciones del acuerdo incluyen que Bello Segura debe residir en un domicilio fijo y notificar cualquier cambio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena. Además, se le prohíbe viajar al extranjero sin permiso judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas, y deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad designada.
La jueza Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar el acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público y se declara culpable de los hechos. La lectura íntegra de la decisión está programada para el 5 de noviembre de 2026.
En septiembre, el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en arresto domiciliario y se clausuró definitivamente la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L., representada por él. También se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes incautados.
El Segundo Juzgado de Instrucción también dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el coronel Féliz Romero y el capitán Valdez, así como contra Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una fianza, y se les impuso un impedimento de salida del país. Las medidas de coerción para Santos Rodríguez incluyen una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
El grupo es acusado de desfalcar al Estado por un total de 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos mediante la sustracción de municiones y pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero. También enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y violaciones a varias leyes dominicanas.
