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Noboa acusa a Petro de vínculos con narcotráfico en Ecuador

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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusó este jueves al expresidente Gustavo Petro de pertenecer a una «estructura grande de narcotráfico y lavado de activos». Noboa hizo estas declaraciones en una entrevista con la revista colombiana Semanario, en respuesta a los comentarios de Petro sobre la situación política en Ecuador.

Petro había denunciado que Ecuador vive bajo una «verdadera dictadura» tras la detención de la excandidata presidencial Luisa González, quien está siendo investigada por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales. Noboa afirmó que su gobierno está desmantelando una red de narcotráfico que incluye al exmandatario colombiano, sugiriendo que los comentarios de Petro son una reacción a estas acciones.

En relación con la detención de González, Noboa indicó que se le investiga por «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad» durante la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.

No es la primera vez que Noboa vincula a Petro con organizaciones criminales. En abril, el presidente ecuatoriano afirmó que Petro se había reunido con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, a quienes relacionó con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo Los Choneros, actualmente detenido en Estados Unidos.

Desde entonces, las relaciones entre Ecuador y Colombia se han deteriorado, impactando la cooperación en seguridad y los intercambios comerciales, que han sufrido aranceles de hasta el 100%.

La detención de González ocurrió en la madrugada de este jueves en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí. La Fiscalía ecuatoriana, en conjunto con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención por presunto lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, aunque no se precisó si González estaba entre los arrestados.

El caso, denominado ‘Laberinto’, investiga posibles irregularidades en la financiación política y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023, centrándose en inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos.

Esta detención ocurre a poco más de un mes de las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre, en las que el movimiento Revolución Ciudadana no podrá participar, tras su suspensión en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral.

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