Los problemas del sector eléctrico en la República Dominicana persisten, en parte, porque los gobernantes evitan asumir el costo político de enfrentar el fraude eléctrico y regularizar conexiones informales, según el asesor energético, José Paulino. Este fenómeno ha llevado a que diferentes presidentes posterguen durante décadas medidas necesarias, temiendo las fricciones sociales que podrían generar estas acciones.
Paulino explica que cerca del 80% de la inercia frente al fraude eléctrico se debe a decisiones de política pública y cálculos de costo político. La regularización masiva de barrios y la persecución del fraude eléctrico implican una carga social que los gobernantes han preferido evitar, trasladando el costo a las finanzas estatales mediante transferencias corrientes.
Las conexiones ilegales y la manipulación de medidores afectan los ingresos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), lo que a su vez incrementa la necesidad de transferencias estatales para cubrir déficits financieros. Esta situación repercute en las finanzas públicas, ya que parte del costo de las pérdidas se traslada al Estado.
Apagones y su causa real
Paulino descartó que los recurrentes apagones en el país sean resultado de un déficit de generación. Asegura que el sistema tiene suficiente disponibilidad de energía eléctrica para satisfacer la demanda nacional, y que los problemas radican en las redes de transporte y distribución.
El asesor también denunció que algunos circuitos son desconectados por razones financieras, lo que reduce el suministro de energía que las distribuidoras no esperan cobrar. Esto afecta a los clientes que sí cumplen con sus pagos, quienes pueden experimentar apagones debido a problemas ajenos a su comportamiento como usuarios.
Además, Paulino advirtió que la expansión inmobiliaria en Santo Domingo y otras ciudades no siempre avanza al ritmo necesario para mejorar la capacidad de las redes eléctricas. La desconexión selectiva de circuitos, aunque prohibida, persiste por razones financieras y pérdidas no técnicas.
Para abordar estos problemas, Paulino propone modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar el mantenimiento y revisar los procesos de adquisición de equipos. También enfatiza que la República Dominicana no enfrenta una insuficiencia de plantas de generación, sino que sufre las consecuencias de una infraestructura de distribución desactualizada y una falta de voluntad política para erradicar las pérdidas no técnicas.
El asesor concluye que el cliente que paga puntualmente su factura merece que el debate se centre en verdades técnicas, no en mitos administrativos.
