El Senado aprobó una ley que modifica la Ley número 339-22, enfocándose en el uso de medios digitales en los procesos judiciales y administrativos del Poder Judicial. Esta normativa busca profundizar la transformación tecnológica de la Justicia dominicana y adaptarla a los avances digitales y al marco jurídico vigente.
La nueva legislación consolida el uso de herramientas tecnológicas como método general para la tramitación de procesos judiciales y administrativos, garantizando el derecho de acceso a la justicia. Originalmente presentado por el Poder Judicial, el proyecto fue reintroducido por el diputado y presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
Principales disposiciones de la ley
Entre las disposiciones más destacadas se encuentra el fortalecimiento de la firma digital y electrónica cualificada para jueces, secretarios y oficiales de la justicia, quienes podrán utilizar estos mecanismos para suscribir sentencias y otros documentos relacionados con los procedimientos. Además, la normativa establece mecanismos de control y trazabilidad de las actuaciones judiciales.
Los alguaciles deberán documentar las diligencias de notificación de actos firmados digitalmente mediante un sistema digital georreferenciado, registrando el lugar, la fecha y la hora de cada acción. También se amplía el uso de audiencias virtuales, que podrán llevarse a cabo en todas las materias, excepto en la penal, siempre que haya consentimiento de las partes.
Si no hay acuerdo, el tribunal decidirá si la audiencia se realiza de manera presencial, semipresencial o virtual, considerando las circunstancias del caso. La normativa contempla excepciones para procedimientos que no puedan realizarse digitalmente debido a problemas técnicos o de conectividad, tratando estas situaciones como excepcionales para no obstaculizar el acceso a la justicia.
Contexto y antecedentes
Durante el estudio de la iniciativa, la comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por Tobías Crespo, introdujo modificaciones a varios artículos de la Ley núm. 339-22 y propuso un nuevo artículo 12.1. Estos cambios buscan armonizar la legislación sobre justicia digital con otras normas del ordenamiento jurídico dominicano.
La actualización responde a situaciones identificadas durante la aplicación de la justicia digital y a la necesidad de adecuar el marco legal a los criterios del Tribunal Constitucional. La experiencia durante la pandemia de Covid-19 impulsó la implementación de mecanismos tecnológicos en el sistema judicial para mantener la continuidad de los procesos.
Con la aprobación de esta ley, el país avanza hacia un sistema judicial más moderno, utilizando herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos y fortalecer la seguridad de las actuaciones, sin comprometer las garantías fundamentales de las partes involucradas.
