El chavismo y un sector de la oposición en Venezuela acordaron revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, enfocándose en el proceso de inhabilitaciones políticas, durante su tercer ciclo de diálogo que concluyó este miércoles. Este acuerdo surge en un contexto donde la oposición solicita la eliminación de la inhabilitación política de su líder, María Corina Machado, quien se encuentra fuera del país desde diciembre pasado.
La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, indicó que también se iniciará un proceso de revisión de varios instrumentos legales, incluida la Ley de partidos políticos, con el objetivo de «garantizar la participación de todos los actores» y fortalecer la democracia. Este diálogo se produce en un momento crítico para la oposición, que busca un camino hacia una eventual elección presidencial.
Revisiones legales propuestas
Entre las leyes a revisar se encuentra la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024, que establece penas de entre veinticinco y treinta años de prisión, además de multas millonarias y hasta sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno. Esta ley fue impulsada por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.
Asimismo, se acordó revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta medida es relevante, ya que el delito de terrorismo ha sido utilizado para imputar a numerosas personas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis poselectoral.
El abogado Joel García, en declaraciones a EFE, destacó que a los detenidos se les imputaba el delito de terrorismo sin individualizar las conductas, lo que contraviene principios básicos del derecho penal. Esta situación ha sido vista como un patrón sistemático contra la disidencia al Gobierno de Nicolás Maduro.
En 2024, Maduro fue proclamado ganador de las elecciones por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados como era requerido. Este contexto ha intensificado las demandas de la oposición por reformas legales que permitan una mayor transparencia y participación política en el país.
