Los arroceros dominicanos enfrentan una crisis tras la eliminación de aranceles en el marco del DR-CAFTA, lo que permite la entrada de arroz estadounidense sin restricciones. Esta situación se anticipó desde la firma del acuerdo, que fijó un calendario para la eliminación progresiva de aranceles, culminando en enero de 2025. La preocupación radica en que la apertura del mercado podría amenazar la subsistencia del sector agrícola local, fundamental para muchas familias.

El problema se origina en cómo República Dominicana se integró a las negociaciones, que ya habían avanzado en Centroamérica y Estados Unidos, limitando las posibilidades de obtener mejores condiciones para sus productores. A pesar de los compromisos asumidos, el país no logró prepararse adecuadamente para enfrentar la competencia del arroz importado, que cuenta con subsidios y apoyo tecnológico en su país de origen.

Las advertencias del sector agropecuario han sido constantes, especialmente en el caso del arroz, un alimento básico en la dieta dominicana. Los productores locales se encuentran en desventaja, ya que carecen de los recursos y apoyos que tienen sus competidores estadounidenses, lo que les impide producir y vender de manera competitiva.

El artículo 3.3 del DR-CAFTA establece la eliminación progresiva de aranceles, lo que se detalla en el Anexo 3.3. El acceso libre de aranceles para el arroz estadounidense estaba programado para comenzar en enero de 2025, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el sector. A pesar de un período de transición de veinte años, los avances en la producción nacional no han sido suficientes para garantizar la competitividad frente a los precios más bajos del arroz importado.

La derogación del Decreto 693-24, que mantenía restricciones a las importaciones, ha intensificado la preocupación entre los productores. La pregunta que surge es en qué condiciones podrán competir los arroceros dominicanos, dado que la responsabilidad de la preparación del sector recae en los gobiernos y negociadores de los compromisos.

La apertura del mercado permitirá que cualquier empresa importe arroz de Estados Unidos, lo que podría reducir las compras a los agricultores locales y poner en riesgo la continuidad de la producción nacional. Es crucial considerar los intereses de todos los actores del negocio, incluidos productores, importadores y distribuidores, que no siempre coinciden.

Los consumidores también tienen derecho a acceder a alimentos a precios más bajos, pero esto no debe hacerse a expensas de la producción local. La baja en los costos de importación debe reflejarse en el precio de venta, y es necesario observar cómo afecta esto a los agricultores y a los consumidores.

La decisión de cuánto sembrar y cuánto invertir ahora recae en los productores, quienes podrían optar por reducir su siembra si temen no recuperar su inversión. Esto tendría un impacto negativo en las comunidades arroceras, afectando a jornaleros, transportistas y proveedores, y podría amenazar la actividad económica en regiones dependientes de la cosecha de arroz.

Los arroceros no deben cargar con las consecuencias de compromisos que no fueron adecuadamente preparados por el Estado. Es fundamental evaluar lo que se ha hecho para mitigar las desventajas y actuar sobre lo que queda por hacer antes de que más productores se vean obligados a abandonar sus tierras.