Fuentes consultadas cuestionan los controles sobre las municiones vinculadas a República Dominicana encontradas en Haití y plantean la necesidad de establecer la responsabilidad del ministro de Defensa en la supervisión del material militar. Las operaciones regulares con armas y municiones requieren autorización del titular de Defensa, lo que genera interrogantes sobre su responsabilidad en los mecanismos de custodia y control que debían prevenir un posible desvío.
El señalamiento implica precisar qué autorizaciones corresponden al material identificado y quiénes intervienen en cada procedimiento. Sin embargo, esto no prueba que el ministro haya autorizado una transferencia ilegal ni que tuviera conocimiento de ella.
En un comunicado del 8 de octubre de 2026, el Ministerio de Defensa informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar la procedencia de las municiones y establecer posibles responsabilidades. Respecto a las municiones calibre .50 de antigua fabricación, la institución reconoció que no ha podido determinar las circunstancias específicas en que llegaron a Haití, atribuyendo las dificultades al tiempo transcurrido y a los procesos históricos y administrativos del país.
El comunicado también sostiene que la coincidencia de calibres y marcas con material adquirido legalmente por República Dominicana no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada. Además, indicó que ha proporcionado al Grupo de Expertos de Naciones Unidas información sobre adquisición, distribución y control de municiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Investigación y responsabilidad
Las fuentes consultadas destacan la importancia de los registros que deberían permitir reconstruir los movimientos del material: quién lo recibió, dónde permaneció almacenado, quién autorizó su salida y qué mecanismos verificaban las existencias. Las preguntas sobre quién tenía bajo su custodia las municiones identificadas y si existen documentos que permitan rastrear su recorrido son fundamentales.
También se cuestiona qué controles debían detectar una salida irregular y hasta dónde alcanza la responsabilidad de supervisión del ministro de Defensa. Estas interrogantes deben resolverse con documentos y resultados de la investigación, diferenciando entre fallas administrativas, omisiones de supervisión y participación directa en actividades ilícitas.
Destino del material
El caso plantea preguntas sobre el destino del material: ¿para qué se abastecen de estas municiones las bandas criminales haitianas? ¿Buscan ampliar su control territorial, enfrentar a las fuerzas de seguridad o reforzar su capacidad para intimidar a la población? Estas posibilidades requieren investigación.
Esclarecer quiénes reciben las municiones, quiénes financian su adquisición y qué redes facilitan su suministro es esencial para conocer el alcance del tráfico. El desafío para las autoridades es reconstruir el recorrido del material y determinar en qué punto se perdió el control, quién debía ejercerlo y qué responsabilidades corresponden por cada actuación u omisión.
