El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ariel Marte, presentó un proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader restablecer la protección arancelaria del arroz dominicano, conforme al derogado decreto 693-24. La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo coordine medidas técnicas, comerciales y diplomáticas para proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones.
La propuesta surge tras la eliminación del decreto que regulaba un régimen arancelario específico para ciertas importaciones de arroz. Entre las medidas solicitadas se incluye un arancel del 20% dentro del contingente y de hasta 99% para importaciones fuera de este.
Además, se plantea la posibilidad de adoptar medidas equivalentes que resguarden la producción nacional, alineadas con los compromisos comerciales internacionales de la República Dominicana. El documento también pide al Ministerio de Agricultura que presente una evaluación actualizada sobre la producción arrocera y las necesidades de financiamiento del sector.
El proyecto solicita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) que analice los efectos de las importaciones en los precios y la cadena productiva nacional. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá gestionar las negociaciones necesarias en el contexto de las relaciones comerciales internacionales.
La resolución destaca que el arroz es un alimento esencial para la población dominicana y una actividad clave para la seguridad alimentaria y la economía rural. También subraya la importancia de la producción arrocera, que sostiene una cadena económica que involucra a productores, trabajadores agrícolas y otros sectores relacionados.
Otro aspecto importante de la iniciativa es la creación de un mecanismo de seguimiento público de las importaciones de arroz, que permita conocer los países de origen, volúmenes y valores de las operaciones comerciales. Este sistema servirá para evaluar el impacto de las importaciones en la producción local y los precios al consumidor.
Finalmente, se solicita que las instituciones involucradas envíen un informe a la Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas para cumplir con la resolución. La iniciativa se fundamenta en la Constitución y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), enfatizando la necesidad de preservar la producción nacional sin ignorar los compromisos comerciales vigentes.

