La provincia La Altagracia enfrenta un grave desafío de seguridad ciudadana a pesar de su crecimiento económico y la expansión del turismo. Las comunidades de Higüey, Verón-Punta Cana, Bávaro y La Otra Banda sufren de robos, hurtos y otros delitos, lo que genera temor entre residentes y visitantes. Esta situación deteriora la convivencia y limita la libertad de las personas, afectando la percepción de desarrollo en la región.

El reciente despliegue del nuevo modelo de patrullaje policial se presenta como una oportunidad para mejorar la seguridad. Sin embargo, es crucial que la efectividad de estas medidas no se mida solo por la cantidad de agentes o vehículos, sino por resultados concretos y sostenibles que garanticen la seguridad de la población.

Estrategia Integral para la Seguridad

Para abordar esta problemática, se requiere una estrategia integral que contemple cinco acciones fundamentales. Primero, es necesario establecer un mapa provincial del delito que identifique sectores vulnerables y horarios críticos, lo que permitirá distribuir eficientemente los recursos policiales.

En segundo lugar, se debe fortalecer el patrullaje preventivo permanente, complementado con iluminación pública, recuperación de espacios abandonados y sistemas de videovigilancia que cumplan con controles legales. Tercero, es vital desarrollar programas de prevención dirigidos a jóvenes, ofreciendo formación técnica, oportunidades laborales y actividades deportivas.

Cuarto, se propone la creación de mesas municipales de seguridad que incluyan a asociaciones de juntas de vecinos, autoridades, comerciantes y organizaciones sociales, estableciendo compromisos verificables. Por último, es fundamental implementar evaluaciones públicas trimestrales para conocer la evolución de los delitos y la efectividad de las intervenciones policiales.

Además, es imperativo combatir la impunidad y garantizar investigaciones efectivas para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. El sistema judicial debe asumir un papel determinante, asegurando procesos ágiles y sanciones oportunas frente a la delincuencia.

La seguridad en La Altagracia no debe ser una promesa electoral ni depender de operativos ocasionales. Se requiere un compromiso serio con la planificación y la voluntad política para garantizar que la tranquilidad sea un derecho para todos sus habitantes.