La República Dominicana enfrenta un riesgo de dependencia alimentaria similar al de Haití, tras la firma del decreto 635-26 el 9 de septiembre de 2026, que retira el régimen especial de protección al sector arrocero. Este cambio podría debilitar la producción nacional de arroz, que ya se encuentra en una situación delicada, con proyecciones que indican un consumo de 720,000 toneladas frente a una producción de 675,000 toneladas para el periodo 2026-2027.

A lo largo de las décadas, el país ha visto cómo el colapso del sector arrocero se ha intensificado debido a políticas comerciales que han favorecido las importaciones. La liberalización en Haití, que comenzó en 1986, llevó a una drástica reducción de su producción nacional de arroz, lo que resultó en que hoy en día importa alrededor del 90% de su consumo.

La experiencia haitiana sirve como advertencia sobre las consecuencias de abandonar la producción de alimentos básicos. La caída en la capacidad productiva de Haití no solo afectó a los agricultores, sino que también impactó a los jornaleros, molinos y comercios locales, creando una factura social que no se refleja en el precio del arroz importado.

El Banco Mundial ha reconocido que las reformas en Haití no lograron aumentar los ingresos ni reducir la pobreza, lo que pone de manifiesto los riesgos que enfrenta la República Dominicana si no se toman medidas adecuadas para proteger a sus productores. La situación actual es comparable, ya que el país también podría verse obligado a depender de las importaciones si no se actúa con urgencia.

El Gobierno dominicano ha invocado el DR-CAFTA y ha prometido modernización, pero aún no ha establecido un mecanismo claro para proteger al sector arrocero. ADOFA, la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, aún desconoce cómo se implementarán estas medidas, lo que genera incertidumbre entre los productores.

Es crucial que el presidente Abinader presente garantías concretas, como acceso a crédito, riego, mecanización y comercialización justa, para asegurar que la transición no perjudique las cosechas. La falta de claridad sobre las negociaciones con Washington y los fundamentos técnicos de la derogación del decreto también generan preocupación.

Los dominicanos deben unirse para defender tanto al productor como al consumidor, buscando un equilibrio que evite la comida cara y los campos abandonados. La capacidad productiva del país aún existe, y es fundamental decidir si se quiere ser un país autosuficiente en alimentos o uno dependiente de importaciones.

La elección que enfrenta la República Dominicana es política y debe abordarse de inmediato, antes de que se repita la historia de Haití. La experiencia y el tiempo están a favor del país, pero se requiere acción decisiva para proteger su soberanía alimentaria.