Una acción de amparo electoral permite solicitar que la Junta Central Electoral anule una resolución sobre candidaturas emitida por una Junta Electoral. Esta petición refleja un cuestionamiento a la decisión de la Junta Electoral sobre una propuesta de candidaturas municipales de un partido, pero no se ajusta a la materia de amparo, ya que corresponde al recurso de apelación, según lo establecido por el legislador. Esto se complica si los plazos para presentar dicho recurso ya han vencido.
En este contexto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) podría erróneamente declarar inadmisible la acción de amparo, basándose en el artículo 70, numeral 3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como en el artículo 132, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Sin embargo, esta decisión podría ser cuestionada por varios elementos que se analizarán en esta serie.
Implicaciones del fallo del TSE
El TSE tiene la obligación de fallar dentro del marco de la acción de amparo que se le presenta. Esto implica que debe aplicar las reglas y procedimientos específicos de este tipo de acción, sin basarse en normativas de otros procesos. Por lo tanto, no puede alegar la inadmisibilidad debido a la existencia de otra vía, ya que eso no corresponde al caso que está conociendo.
Si el TSE fundamenta su decisión en la prescripción del plazo para recurrir, estaría cometiendo un error al evaluar un aspecto que no está dentro de su competencia en el contexto de la acción de amparo. Esto podría llevar a un escenario procesal problemático, donde su sentencia sería susceptible de ser considerada errónea por un procedimiento inadecuado.
Además, si el solicitante del amparo decide apelar la resolución que fue declarada inadmisible, podría presentar pruebas que demuestren que el plazo no estaba vencido. Por ejemplo, podría argumentar que no recibió la notificación de la resolución, lo que mantendría abierto el plazo para recurrir. En este sentido, el TSE no es el órgano adecuado para determinar la vigencia del plazo de apelación.
Si el recurrente logra demostrar que el plazo estaba abierto, la decisión del TSE podría verse comprometida, lo que generaría dudas sobre la validez de su sentencia. Por lo tanto, desestimar la inadmisibilidad por la existencia de otra vía sin un fundamento jurídico sólido podría resultar en un error de procedimiento grave, ya que no se ajusta a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en sus jurisprudencias.
