El anuncio del Pentágono de transmitir en directo el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan ha generado una condena inmediata de la ONU. Hasan fue condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. La ejecución está programada para el 3 de diciembre y se realizará en la misma instalación donde ocurrió el ataque.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que la retransmisión de una ejecución equivale a hacerla pública, lo que vulneraría la prohibición absoluta de la tortura. Este organismo ha expresado objeciones similares contra ejecuciones en Irán y Afganistán, donde también se han realizado ante multitudes.

La decisión de transmitir la ejecución fue aprobada por el presidente Donald Trump a recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este hecho podría establecer un precedente sin precedentes en las ejecuciones judiciales en Estados Unidos, que tradicionalmente se llevan a cabo en recintos penitenciarios con acceso restringido.

Las ejecuciones públicas han sido parte de la historia estadounidense desde el período colonial, donde se realizaban ante grandes multitudes como advertencias contra el delito. Sin embargo, el rechazo a estas prácticas ha llevado a que las ejecuciones se realicen en privado, con acceso limitado a funcionarios y testigos autorizados.

El caso más recordado de ejecución pública fue el ahorcamiento de Rainey Bethea en 1936, que atrajo a unas 20,000 personas. Este evento generó una fuerte reacción en contra de la exhibición pública de la pena capital, lo que llevó a un cambio en los procedimientos hacia un enfoque más privado.

A pesar de que la pena de muerte sigue vigente en Estados Unidos, su aplicación ha estado generalmente fuera de la vista del público. La ejecución de Timothy McVeigh en 2001 fue transmitida solo a un grupo limitado de familiares, sin una difusión abierta.

La transmisión del fusilamiento de Hasan plantea preocupaciones sobre la dignidad del condenado y el impacto que podría tener en el público, especialmente en menores de edad. La decisión ha sido defendida por Hegseth, quien argumenta que es importante que la sociedad entienda las consecuencias de ciertos crímenes.

Sin embargo, expertos en derecho penal han expresado dudas sobre los efectos de esta exposición. La controversia también se intensifica en medio de cuestionamientos sobre los métodos de ejecución en el país, especialmente tras un reciente incidente en Tennessee.

La situación en Estados Unidos es única entre las democracias occidentales, ya que mientras muchos países han abolido la pena de muerte, esta sigue vigente en varias jurisdicciones. La diferencia radica no solo en la legalidad de la pena capital, sino en cómo se ejecuta y se presenta al público.