El sistema judicial de la República Dominicana enfrenta críticas por las ejecuciones extrajudiciales, a medida que la violencia y la corrupción en las fuerzas del orden aumentan. Las estadísticas del presidente Luis Abinader revelan un alarmante incremento en las muertes por enfrentamientos con la Policía Nacional, con 200 muertes registradas hasta septiembre de este año. Esta situación ha generado un clamor social por una justicia que no parece alcanzar a todos los sectores de la población.

A pesar de los supuestos avances en el sistema de justicia, muchos dominicanos sienten que estos no benefician a la mayoría de la sociedad, que incluye tanto a grandes empresarios como a trabajadores y comunidades vulnerables. La realidad de miles de presos preventivos que languidecen en condiciones deplorables sin acceso a un juicio justo pone en entredicho la efectividad del sistema judicial.

El hacinamiento en las cárceles provoca que los jueces y fiscales liberen a delincuentes reincidentes, quienes regresan a las calles debido a la falta de espacio en los reclusorios. Este ciclo de impunidad alimenta un negocio del crimen que se extiende desde robos comunes hasta el narcotráfico, donde la corrupción policial juega un papel crucial.

Las ejecuciones extrajudiciales han sido señaladas como una práctica preocupante en el país, donde la pena de muerte no existe y cualquier condena debería seguir un debido proceso. El fallecido Dr. Franklin Almeida, ex Secretario de Interior y Policía, fue uno de los primeros en calificar estos actos como tales, recordando un pasado de violencia política que aún resuena en la memoria colectiva.

Las declaraciones del presidente Abinader, instando a los delincuentes a entregarse o enfrentar consecuencias peores, han generado un debate sobre la legitimidad de las acciones policiales. Las cifras de muertes a manos de la Policía en los últimos años son escalofriantes, con un aumento constante que plantea serias interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de las fuerzas del orden.

La normalización de la violencia en la actuación policial ha llevado a situaciones trágicas, donde ciudadanos inocentes han perdido la vida en circunstancias cuestionables. Ejemplos de estos incidentes han dejado una huella profunda en la sociedad, reflejando un sistema que parece fallar en proteger a los más vulnerables.

En contraste, se presentan casos de profesionalismo en otras naciones, donde los delincuentes son capturados vivos y llevados ante la justicia, lo que contrasta drásticamente con la realidad dominicana. La falta de un enfoque en la rehabilitación y el debido proceso ha contribuido a un ciclo de violencia que se perpetúa en el tiempo.

Las ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana son un reflejo de un sistema judicial que necesita urgentemente reformas para garantizar la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos. La situación actual plantea un desafío crítico para las autoridades, que deben encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto por los derechos humanos.