El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) propuso la creación de un pacto nacional por la seguridad ciudadana y un plan decenal para el período 2026-2036, con el fin de establecer la prevención de la violencia como una política de Estado, respaldada por un marco legal y un presupuesto plurianual.
La propuesta fue presentada por Ysócrates Andrés Peña Reyes, director general del CRD, y Juan Alfonso Mera Montero, coordinador de estrategias de desarrollo de instituciones empresariales y comerciales. Se contemplan doce ejes estratégicos que buscan fortalecer la familia, la educación, el empleo, la justicia, la modernización policial y la participación comunitaria.
Medidas clave del pacto
Entre las medidas propuestas se incluye la creación de centros provinciales de atención familiar que ofrecerán servicios gratuitos de psicología, mediación y asistencia legal, así como programas de intervención en cien barrios con alta incidencia delictiva.
Además, se sugiere otorgar ayudas mensuales de RD$3,000 a cinco mil familias, condicionadas a la permanencia escolar de sus hijos y a la convivencia sin violencia.
En el ámbito del empleo, el CRD propone subsidiar durante seis meses el 50 % del salario de jóvenes contratados por empresas y crear un fondo de RD$200 millones para financiar mil emprendimientos juveniles.
Reformas en la Policía Nacional
Respecto a la Policía Nacional, la iniciativa plantea establecer un salario base mínimo de RD$40,000 netos, ascensos por mérito, patrullaje por cuadrantes y el uso obligatorio de cámaras corporales, además de reforzar la formación en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
La propuesta también incluye ampliar la videovigilancia conectada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, fortalecer los mecanismos de denuncia con protección de identidad y establecer tribunales de flagrancia y consejos municipales de seguridad. Se sugiere destinar el 5 % de los presupuestos municipales a programas preventivos.
Finalmente, el CRD plantea un enfoque diferenciado en el tratamiento de las adicciones, separando la persecución del narcotráfico de la atención sanitaria a personas con dependencia, mediante centros regionales de rehabilitación y programas de reinserción laboral.
