La alianza opositora Libre, liderada por el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, presentó este viernes una acusación ante la Fiscalía General de Bolivia contra el exmandatario Evo Morales por «delitos de lesa humanidad» relacionados con un caso de «terrorismo» durante su gobierno en 2009. El diputado Antonio Pino, en representación de Libre, busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales (2006-2019) y el exvicepresidente Álvaro García Linera.
Pino afirmó que Morales «tiene que responder» por los «hechos en contra de los derechos humanos» ocurridos en este caso, que incluyen «ejecuciones sumarias», el asesinato de tres personas, detenciones ilegales y torturas. Además, mencionó que están presentando un legajo importante de pruebas que incluye declaraciones, artículos de prensa y un informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Detalles de la acusación
El documento de la «proposición acusatoria» atribuye a Morales y García Linera «responsabilidad penal directa» por la decisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, así como por los resultados ilícitos producidos por esa decisión. Si la Fiscalía acepta la proposición, el caso se trasladará al Legislativo, donde se requiere el apoyo de dos tercios para avanzar.
En abril de 2009, una operación policial en el hotel Las Américas resultó en la muerte de tres extranjeros, incluido el irlandés Michale Dwyer, y la detención de Mario Tadic y Elöd Tóásó, acusados de pertenecer a una célula terrorista que supuestamente planeaba la secesión de Santa Cruz y atentar contra Morales. En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado.
Ambos cumplieron su condena en detención preventiva y abandonaron Bolivia, alegando temores por su seguridad, y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad. Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para silenciar a líderes opositores de Santa Cruz.
El caso fue cerrado en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras la retirada de acusaciones por parte del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía boliviana. En 2022, un informe de la CIDH concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio de las víctimas identificadas.
