El exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), John Guiliani, calificó este viernes de inconstitucionales las restricciones impuestas por el organismo electoral a la realización y divulgación de encuestas con fines políticos fuera del período electoral. Según Guiliani, estas disposiciones exceden las atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes dominicanas.
Guiliani argumentó que la legislación electoral delimita las competencias de la JCE para regular las encuestas relacionadas con las candidaturas. Cuestionó que el organismo estableciera restricciones cuando faltaban dos años para las próximas elecciones.
El exfuncionario sostuvo que la Junta no puede atribuirse facultades legislativas ni modificar, mediante reglamentos, las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Consideró que impedir la realización de estudios de opinión pública es una extralimitación de las competencias del organismo.
Durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, Guiliani afirmó que en la República Dominicana no existe la censura previa, por lo que entiende que la JCE no debe impedir anticipadamente que las firmas encuestadoras realicen y divulguen sus investigaciones.
No obstante, reconoció que el organismo electoral puede establecer requisitos orientados a garantizar la transparencia y la calidad de los estudios de opinión, siempre que esas medidas se mantengan dentro del marco legal. Distinguió entre regular la actividad de las encuestadoras y prohibir la publicación de sondeos, esta última medida considera que es contraria a los principios constitucionales.
Consecuencias por violaciones constitucionales
Guiliani también cuestionó la ausencia de consecuencias frente a lo que considera una violación de la Carta Magna. Sostuvo que las autoridades deben responder por sus actuaciones cuando exceden las facultades que les confiere el ordenamiento jurídico.
Manifestó que, en un sistema institucional donde se aplique la ley sin privilegios ni protecciones políticas, actuaciones de esa naturaleza podrían dar lugar a procedimientos de responsabilidad política, incluido un juicio político, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
El exmiembro de la JCE insistió en que el respeto a la Constitución debe prevalecer sobre cualquier interés partidario y que las instituciones públicas están obligadas a ejercer sus funciones dentro de los límites establecidos por las normas vigentes.
