La magistrada Ysis Berenice Muñiz Almonte, jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, denunció que más del 97% de las personas en conflicto con la ley penal no pueden acceder a medidas cautelares como el arresto domiciliario con grillete electrónico o la garantía económica, debido a barreras económicas y a la falta de condiciones en el sistema de justicia.
Durante su intervención ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Almonte explicó que las aseguradoras operan con un enfoque financiero, evaluando la solvencia del garante solidario en lugar del riesgo del imputado. Esta situación impide garantizar la presencia del imputado en el proceso, lo que paraliza los juicios y provoca una pérdida significativa de horas judiciales.
Implicaciones de la sentencia TC 053-18
Al responder a una pregunta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sobre las implicaciones de la sentencia TC 053-18 y la presunción de inocencia, Muñiz Almonte resaltó la necesidad de considerar la «reiteración delictiva». Afirmó que el sistema debe diferenciar el trato a los procesados por primera vez de aquellos reincidentes, lo cual requiere una mesa interinstitucional para asegurar el flujo de información entre los tribunales.
La magistrada también defendió la efectividad del Código Penal para combatir el crimen organizado, destacando herramientas como el cúmulo de penas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Rechazó las afirmaciones de que el aumento de penas violaría el artículo 40 de la Constitución, argumentando que las sanciones tienen un carácter retributivo y disuasivo legítimo, orientado a la rehabilitación social.
Derechos y decoro en las audiencias
En relación al delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional, Muñiz Almonte propuso aplicar un test de proporcionalidad para evaluar los derechos en juego. Señaló que, aunque la ciudadanía y la prensa tienen derecho a la información y a la crítica, los jueces deben asegurar el decoro y la solemnidad de las audiencias para mantener la autoridad del tribunal.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, continúa este jueves con la evaluación de los jueces que aspiran a ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia.
