Los ayuntamientos dominicanos enfrentan limitaciones en sus competencias municipales, a pesar de que la Ley núm. 176-07 les otorga responsabilidades en áreas como tránsito, medioambiente y desarrollo económico local. Sin embargo, muchas de estas funciones han sido fragmentadas o subordinadas a organismos del Gobierno central, lo que ha generado conflictos en la gestión local.
Un ejemplo claro es el tránsito urbano, donde la ley municipal establece que el ordenamiento del tránsito es competencia del ayuntamiento. Sin embargo, la Ley núm. 63-17 creó un sistema nacional liderado por el INTRANT, obligando a los ayuntamientos a coordinar decisiones con organismos nacionales, lo que limita su capacidad de acción.
Conflictos y sentencias
La superposición de competencias ha llevado a conflictos legales, como se evidenció en la Sentencia TC/0097/22, donde el Tribunal Constitucional respaldó al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, reconociendo su actuación dentro de las atribuciones establecidas por la ley municipal.
El uso de suelo es otro aspecto crítico. Aunque la Constitución otorga potestad a los municipios, la Ley núm. 368-22 permitió la intervención del Consejo de Ministros en decisiones territoriales, lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/1146/23, reafirmando la autonomía municipal.
Responsabilidades fragmentadas
La gestión de residuos sólidos también refleja esta fragmentación. Aunque los ayuntamientos son responsables de la recolección y transporte de residuos, las leyes núm. 225-20 y 98-25 establecieron un sistema nacional que regula y financia el servicio, dejando a los municipios con la parte más visible y costosa.
En cuanto a la protección ambiental, los municipios deben cuidar su territorio, pero las licencias dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, los cuerpos de bomberos, aunque vinculados a los ayuntamientos, enfrentan una creciente regulación por parte del Ministerio de Interior y Policía, limitando su autonomía.
La capacidad de los ayuntamientos para hacer cumplir sus ordenanzas también se ha debilitado, ya que dependen de la intervención de instituciones nacionales para imponer decisiones. En servicios como agua potable y alumbrado público, los ayuntamientos no controlan los sistemas, lo que genera confusión entre los ciudadanos sobre quién debe responder por estos servicios.
Esta fragmentación de competencias tiene tres consecuencias principales: confusión de responsabilidades, duplicación del gasto público y debilitamiento de la democracia local. La falta de autoridad y recursos para los ayuntamientos limita su capacidad de decisión sobre problemas fundamentales en sus territorios.
Es crucial definir claramente las competencias del Gobierno central y de los municipios, así como las que deben ejercerse de manera concurrente. La asignación de responsabilidades sin los recursos adecuados solo lleva a que estas queden como meras declaraciones sin impacto real.
