La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha recibido más de 87,000 denuncias por contaminación sónica en el país durante este año. El procurador Francisco Contreras Núñez informó que se han intensificado los operativos, que incluyen allanamientos y cierres de establecimientos que no cumplen con las normas ambientales. Más de 20 casos han llegado a la justicia en el Distrito Nacional.

Contreras Núñez advirtió que la contaminación sónica afecta la salud y la convivencia social, causando trastornos del sueño, ansiedad y problemas cardiovasculares. La normativa establece límites de 50 a 55 decibeles durante la noche y de 55 a 60 decibeles durante el día. Las sanciones pueden incluir penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 30 salarios estatales.

Para establecimientos como discotecas y bares, las multas pueden variar entre cinco y 20 salarios, mientras que para vehículos con sistemas de sonido modificados, las multas pueden alcanzar entre 20 y 30 salarios. La estrategia de la Procuraduría combina la persecución y la prevención, realizando charlas y talleres con comunidades para fomentar el respeto a los límites de ruido.

En el Distrito Nacional, la coordinadora Awilda Balbuena reportó más de 20 sometimientos judiciales por contaminación sónica este año. Los procesos comienzan con una denuncia, seguida de una investigación y medición de los niveles de ruido. Si se confirma una violación y no se corrige, el caso se lleva a la justicia.

Un ejemplo de esto es el cierre del establecimiento Villar Aquino, que había incumplido un compromiso previo de mitigar el ruido tras recibir múltiples denuncias. La Procuraduría solicitó su cierre, medida que fue ejecutada.

Además, las autoridades están interviniendo en otras fuentes de contaminación, como construcciones ruidosas y plantas eléctricas. Contreras Núñez indicó que entre 60 % y 75 % de los denunciados cumplen con los acuerdos alcanzados, y los reincidentes pueden ser judicializados.

Ángel Gomera, director de Prevención, Políticas Ambientales y Proyectos de la Procuraduría, explicó que se trabaja en la sensibilización de los ciudadanos sobre sus derechos y deberes ambientales. El ruido puede generar conflictos sociales, y la Procuraduría busca prevenir estas situaciones.

La institución también lleva a cabo la jornada «Hablemos de Ruido» para orientar a la población sobre la Ley 90-19 y fomentar la vigilancia ciudadana en la protección ambiental.