Ramón Tolentino ha denunciado injusticias en República Dominicana, advirtiendo sobre el riesgo de condenas anticipadas que afectan especialmente a los más desfavorecidos. Su crítica se centra en la transformación de la denuncia pública en juicios mediáticos que pueden perjudicar a quienes carecen de recursos para defenderse adecuadamente.

Tolentino utiliza la metáfora de los autos de fe para ilustrar cómo las personas señaladas como sospechosas son presentadas como culpables ante la opinión pública, lo que genera un escarmiento que debe ser cuestionado. Resalta la importancia de que la Policía Nacional actúe dentro del marco legal y que la culpabilidad sea determinada por los tribunales, no por la presión social o plataformas digitales.

Derechos y garantías

La Constitución de la República Dominicana establece valores fundamentales como la dignidad humana y la igualdad, y protege derechos esenciales como el derecho a la vida y la presunción de inocencia. Tolentino enfatiza que la sospecha o la imputación no justifican ejecuciones extrajudiciales y que las autoridades deben respetar estas garantías, incluso ante la indignación colectiva.

Aunque es comprensible la desesperación ante la delincuencia, Tolentino sostiene que la respuesta del Estado no debe incluir el uso de la fuerza letal como política de seguridad. Critica que el Estado ha fallado en proteger los derechos de las personas y en garantizar condiciones básicas como salud, educación y vivienda.

En cuanto a la reincidencia delictiva, Tolentino argumenta que debe abordarse mediante investigación y prevención, y que calificar a alguien como “reincidente” no justifica la suspensión de sus derechos. La Policía tiene la responsabilidad de actuar dentro de la ley y cada muerte provocada por su acción debe ser investigada.

Estadísticas de muertes policiales

Un informe de Diario Libre revela que entre 2005 y 2011 se registraron 2,427 muertes vinculadas a actuaciones policiales, 1,144 entre 2013 y 2019, y 808 entre 2021 y 2025. Estos datos, que muestran promedios anuales de 347, 163 y 162 muertes, respectivamente, evidencian un problema que requiere un análisis profundo.

Sin embargo, estas cifras no permiten por sí solas determinar la legalidad de cada muerte ni la efectividad de la fuerza letal en la reducción de la delincuencia. Para evaluar adecuadamente las políticas de seguridad, es necesario contar con información detallada sobre los delitos y las circunstancias de las intervenciones policiales.

La violencia policial puede tener un efecto negativo en la cooperación ciudadana, como lo demuestra un estudio que encontró una disminución en las denuncias de delitos tras un caso de violencia policial en Milwaukee. Aunque este resultado no se puede generalizar a la realidad dominicana, sugiere que la violencia puede tener un costo para la seguridad pública.

Finalmente, Tolentino aboga por un verdadero Estado social y democrático de derecho que respete la vida y la dignidad humana, así como el debido proceso. La eficacia policial debe ir de la mano con el respeto a los derechos humanos, y educar a las futuras generaciones para evitar la necesidad de castigos severos debe ser una prioridad en la agenda nacional.