La crisis de vivienda que enfrenta España se replica en varios países europeos, donde el encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y los desahucios son problemáticas comunes. Cada nación aborda esta situación de manera diferente, con algunos optando por políticas liberales que no limitan el precio de los alquileres, mientras que otros implementan medidas más intervencionistas.
Alemania, que sufre un déficit de 1.3 millones de viviendas, aprobó en 2015 un «freno al precio del alquiler» que permite a los estados federados limitar el precio de nuevos contratos de alquiler en áreas con alta demanda. Ciudades como Berlín, Hamburgo y Colonia han establecido controles sobre viviendas turísticas y mecanismos para combatir la desocupación especulativa.
Medidas en otros países europeos
En Francia, las grandes ciudades como París y Lyon fijan un alquiler máximo por metro cuadrado. Por su parte, Austria introdujo en enero un ‘freno a los alquileres’ que limita el aumento al 1 % en 2026 y al 2 % en 2027 para viviendas construidas antes de 1945.
En Polonia, el mercado determina los precios de los alquileres, aunque los propietarios deben notificar aumentos con tres meses de antelación. En Italia, el Gobierno ha lanzado el ‘Piano Casa Italia’ para recalificar 60,000 inmuebles públicos en la próxima década y ofrecerlos a precios asequibles.
Francia también cuenta con una tregua invernal que impide desahucios entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, medida que se replica en Polonia y en regiones de Bélgica. En Portugal, el Gobierno busca reformar el mercado del alquiler para acelerar los desahucios, permitiendo que estos se realicen tras dos meses de rentas impagadas.
En Finlandia, aunque no hay legislación específica contra desahucios, se ofrecen subsidios a inquilinos de bajos ingresos. En contraste, Grecia ha acelerado los procesos de expulsión de inquilinos morosos, permitiendo que se ejecuten en un máximo de seis meses.
Austria ha implementado un sistema para evitar que personas vulnerables queden en la calle, lo que ha evitado el desahucio de más de 42,000 personas hasta la fecha. En cuanto a las viviendas turísticas, Francia y Finlandia han establecido regulaciones para limitar su número y controlar su uso, mientras que en Países Bajos se exige un registro obligatorio y se limitan los alquileres a 30 días anuales.
