El combate contra la impunidad y la preservación del erario público son pilares fundamentales para la consolidación democrática en América. La denuncia ciudadana se ha convertido en una herramienta esencial para proteger los recursos del Estado, y la idea de sancionar penalmente a quienes expongan irregularidades en la función pública es considerada una aberración jurídica inaceptable.

Es importante distinguir entre la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, que deben ser reguladas según lo establece la Constitución. Aunque se debe castigar a quienes levantan falsas calumnias, trasladar esta prohibición al Código Penal para incluir penas de prisión representa un exceso punitivo que debe ser rechazado.

Las sanciones por difamación comprobada deberían ser civiles o de otro tipo, pero no incluir penas de cárcel. Actualmente, ningún país de América Latina castiga con prisión la denuncia legítima de robo o corrupción por parte de funcionarios públicos.

Implementar una sanción de privación de libertad significaría una ruptura con la tradición legal de la región y convertiría al Estado que lo haga en una anomalía autoritaria dentro del continente americano. La protección de la denuncia ciudadana es vital para la democracia y la lucha contra la corrupción.