Más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, para que la protección de la población civil sea el eje central de su política de seguridad.
En un pronunciamiento público, las organizaciones advirtieron que la respuesta al conflicto armado no puede depender únicamente de «estrategias militares» y enfatizaron la necesidad de una presencia integral del Estado en las áreas más afectadas por la violencia.
Esta solicitud se fundamenta en el reporte humanitario de la ONG Vivamos Humanos, que indica que durante el primer semestre de 2026 se registraron 402 eventos relacionados con el conflicto armado. De estos, 179 fueron hechos contra la vida e integridad personal, 67 estuvieron vinculados a minas antipersona y explosivos, y 47 consistieron en restricciones a la movilidad.
Las organizaciones reiteraron que «la protección de la población civil no puede seguir dependiendo exclusivamente de estrategias militares» y subrayaron que la aplicación del derecho internacional humanitario es crucial para mitigar el impacto de las hostilidades y facilitar el diálogo y la construcción de paz.
De la Espriella ha manifestado que la seguridad ciudadana será una de las prioridades de su gobierno y que no habrá más negociaciones de paz con grupos armados ilegales, además de anunciar la eliminación de la figura del comisionado de Paz.
La Coordinadora Humanitaria también recordó que en años recientes, las organizaciones sociales han desarrollado una infraestructura humanitaria que incluye mesas humanitarias, acuerdos, mecanismos comunitarios de monitoreo y sistemas de alertas tempranas.
Según el pronunciamiento, estos mecanismos deben ser fortalecidos durante el cambio de Gobierno y convertirse en una política pública permanente enfocada en la protección de la población civil.
Las organizaciones señalaron que en mayo presentaron esta agenda de propuestas a las campañas presidenciales y ahora ofrecen su experiencia al nuevo Ejecutivo para contribuir al diseño de una política de seguridad centrada en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
