La pandemia de COVID-19 transformó las redes sociales en un espacio donde la desinformación y la polarización se amplificaron, afectando la comunicación en la República Dominicana. Durante el confinamiento, plataformas como Facebook, X, Instagram, Tik Tok y YouTube se convirtieron en el principal medio de interacción, permitiendo que cualquier persona pudiera difundir información sin filtros ni responsabilidades. Este fenómeno, impulsado por la crisis sanitaria, evidenció las grietas en el sistema de libertades y la necesidad de regular el uso de estas herramientas digitales.
A medida que las redes sociales ganaron protagonismo, se viralizaron teorías conspirativas y rumores infundados, lo que llevó a la destrucción de reputaciones y a la polarización política. La falta de mediación y verificación permitió que la información se propagara rápidamente, sin que los autores asumieran consecuencias por sus palabras. Esto puso de manifiesto que la libertad de expresión no debe confundirse con libertinaje, ya que el abuso de esta libertad puede amenazar la paz social y la democracia misma.
Necesidad de reforma legal
Ante esta situación, se hace urgente modernizar el marco legal en torno a la libertad de expresión. Se propone eliminar del Código Penal los delitos de difamación e injuria, ya que criminalizar la opinión genera un efecto inhibitorio en el debate público. La solución radica en establecer mecanismos de responsabilidad civil y sanciones proporcionales que reparen el daño sin silenciar voces.
Asimismo, es fundamental modificar la Ley 6132 de 1962 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que ha quedado obsoleta en el contexto digital actual. La regulación debe adaptarse a las realidades del siglo XXI, permitiendo la participación activa de medios de comunicación, periodistas y representantes de la sociedad civil en la creación de nuevas normas. Esto garantizará que la regulación sea equilibrada y respetuosa de la libertad de expresión.
Una nueva legislación debe definir claramente las responsabilidades de las plataformas digitales, incluyendo la transparencia en sus algoritmos y mecanismos de verificación de hechos. También es necesario proteger el periodismo serio de presiones externas y reforzar el derecho a réplica y rectificación. Existe un proyecto de ley que busca reemplazar la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía por el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), el cual debe ser revisado y perfeccionado para alinearse con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las lecciones de la pandemia subrayan la vulnerabilidad de una sociedad hiperconectada sin reglas claras. Regular el espacio digital no es censurar, sino civilizarlo para que la libertad de expresión sea genuina y no un pretexto para abusos. Es momento de que el Congreso y el Gobierno, junto a los medios, impulsen una reforma integral que actualice la legislación y establezca límites al libertinaje digital.
La pandemia dejó una huella profunda, pero la responsabilidad de encontrar soluciones recae en todos nosotros. No debemos seguir postergando la reforma necesaria para proteger la libertad de expresión y la integridad del debate público.
