La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó una investigación «oportuna, transparente y exhaustiva» sobre la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. en Maine. La tragedia tuvo lugar mientras Durán Guerrero, de 26 años, se encontraba acompañado por su pareja e hija de 3 años.

En un comunicado, Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW, expresó que «otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE». El ICE confirmó que Durán Guerrero no era el objetivo del operativo que sus agentes realizaban en Biddeford, donde buscaban a un inmigrante con orden de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que los agentes dispararon por razones de seguridad pública, alegando que el vehículo de Guerrero se dirigía en la misma dirección que el sospechoso. Según el DHS, al «intentar huir», los agentes procedieron a disparar.

La organización de derechos civiles LatinoJustice calificó la muerte de Durán Guerrero como una «atrocidad contra los derechos humanos» y exigió una investigación «transparente» sobre los hechos. Esta muerte se produjo una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también fuera asesinado por el ICE en Texas mientras se dirigía a trabajar.

Con estos incidentes, se elevan a 11 los tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, de los cuales cinco ocurrieron dentro de vehículos, según reportes de la organización de abogados. Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice, afirmó que el asesinato de Durán Guerrero evidencia la falta de respeto del DHS por la vida de los inmigrantes, especialmente los latinos.

Chen también criticó la impunidad con la que ha actuado el Gobierno de Trump ante las violaciones de derechos cometidas en nombre del control migratorio. Según sus declaraciones, tener apariencia latina se ha convertido en una justificación para «atropellar, herir, disparar y matar personas».

En el estado de Maine, se estima que residen alrededor de 30,000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2% de la población estatal, según datos de LatinoJustice.