La Dirección General de Migración (DGM) desvinculó a 423 empleados por faltas administrativas graves entre octubre de 2024 y junio de 2026, lo que representa aproximadamente el 12 % de su nómina de trabajadores fijos, que al mes de mayo contaba con 3,585 colaboradores. La institución mantiene una política de cero tolerancia ante irregularidades, aunque los casos plantean dudas sobre la efectividad de sus controles internos.
El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, explicó que de las desvinculaciones, 117 se basaron en los artículos 84 y 94 de la Ley 41-08 de Función Pública, que sancionan faltas graves de servidores públicos. Uno de los incidentes más recientes involucró a un inspector migratorio que fue apresado por solicitar 100 mil pesos a una mujer en La Altagracia para facilitar su salida a España.
Este caso ha generado cuestionamientos sobre los controles éticos de la DGM, que es responsable de implementar la política migratoria del país y garantizar la seguridad nacional. Entre las faltas más comunes se encuentran el incumplimiento de horario, inasistencias injustificadas, trato inadecuado a usuarios y el uso indebido de herramientas institucionales.
Lee Ballester aseguró que la DGM implementa controles administrativos y disciplinarios para prevenir irregularidades en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos. Esto incluye supervisión jerárquica, investigaciones internas y programas de capacitación enfocados en la ética pública y la prevención de corrupción.
La institución aplica lo establecido en la Ley 41-08, que permite la destitución de empleados públicos por faltas graves, como el manejo fraudulento de fondos o la aceptación de dádivas indebidas. Esta normativa también contempla sanciones por conductas como la emisión de certificaciones falsas y el acoso sexual.
Antes de proceder con una desvinculación, la DGM investiga cualquier denuncia que sugiera irregularidades. Las indagaciones pueden resultar en la suspensión preventiva del empleado mientras se llevan a cabo las pesquisas. Si se determina responsabilidad, se aplican las sanciones correspondientes o se remiten los casos al Ministerio Público.
Durante el primer semestre de 2026, la Dirección Jurídica de la DGM emitió opinión en 88 expedientes relacionados con desvinculaciones por faltas graves. Además, se enviaron siete casos al Ministerio Público por indicios de infracciones penales, de los cuales uno resultó en una condena de dos años de prisión por falsificación de documentos.
Entre enero de 2025 y junio de 2026, se registraron 182 denuncias a través de los canales institucionales, aunque no todas estaban relacionadas con sobornos o extorsiones. Las denuncias vinculadas a cobros indebidos fueron investigadas por la Dirección de Asuntos Internos, que aseguró haber analizado el 100 % de los casos recibidos.
El vicealmirante Lee Ballester destacó que los procesos judiciales han surgido a partir de información recopilada por diversas direcciones de la DGM y denuncias de ciudadanos. Los expedientes que contienen pruebas son compartidos con el Ministerio Público para que se tomen las acciones legales pertinentes.
