El gobierno del PRM-Abinader aprobó y promulgó la Ley No. 30-26, conocida como el nuevo «paquetazo fiscal», el pasado 18 de junio, sin considerar las observaciones de la oposición. Esta ley, que busca recaudar más de 50 mil millones de pesos y ahorrar otros 40 mil millones, ha generado una fuerte reacción en la clase media dominicana, que se siente afectada por los nuevos impuestos sobre productos y servicios esenciales.

La implementación de la Ley 30-26 ha impactado directamente a la clase media urbana, que representa la mayoría en el país. Los nuevos impuestos recaen sobre servicios fundamentales, como la energía eléctrica, que enfrenta constantes apagones y aumentos en las tarifas, así como el incremento en los precios de los combustibles, que han elevado el costo de vida.

En mayo, la canasta familiar experimentó un aumento superior al 8%, con cifras que alcanzan RD$38,441.67 y RD$45,296.50 para los segundos y terceros quintiles, respectivamente. La canasta básica nacional se elevó a RD$49,268.36, lo que afecta directamente a la clase media, que consume estos productos y servicios.

Además, la clase media enfrenta problemas como el congestionamiento en las calles, aumentos en las transferencias financieras, un nuevo cargo de diez dólares en boletos aéreos, y el incremento en los precios de medicamentos, colegiaturas y alquileres. Estos factores han contribuido a un deterioro en la calidad de vida de este sector.

Las protestas de la clase media también se deben a la percepción de un intento de aplicar una “ley mordaza” que limita la libertad de expresión, el crecimiento desmedido de la deuda externa y la incapacidad del gobierno para enfrentar la delincuencia. La corrupción y el despilfarro del erario han aumentado la frustración entre los ciudadanos.

Las manifestaciones han comenzado a tomar forma a través de cacerolazos, marchas y piquetes frente al palacio presidencial y otras instituciones gubernamentales. La reaparición de masivas manifestaciones en la “Plaza de la Bandera” y el uso de redes sociales para denunciar la situación han sido parte de esta respuesta social.

Durante los gobiernos del PLD, la clase media experimentó un crecimiento significativo gracias a la estabilidad económica y el control de la inflación. Sin embargo, la decepción con el actual gobierno ha llevado a este sector a movilizarse, recordando que sus protestas jugaron un papel crucial en las derrotas políticas del PLD.

La clase media urbana, desilusionada por las promesas incumplidas del PRM-Abinader, ha comenzado a exigir respeto a sus derechos y una mejor calidad de vida. Este sector busca vivir en un Estado social y democrático de derecho, tal como lo establece la Constitución.

La situación actual es un llamado de atención para el gobierno, que aún tiene la oportunidad de escuchar y responder a las demandas de la población.