El canciller de México, Roberto Velasco, solicitó al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que investigue la muerte de 17 mexicanos en EE. UU. a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de evaluar «la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales». Esta petición se enmarca en las acciones del Gobierno federal tras el reciente fallecimiento de un migrante mexicano en Texas durante un operativo migratorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que, además de presentar demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense, se ha elevado esta situación a la ONU para que, si lo considera necesario, «formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos». Este comunicado subraya la importancia de la intervención internacional en este contexto.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también ha presentado demandas en las fiscalías estatales de EE.UU. y ha enviado escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde ocurrieron las muertes de migrantes mexicanos. Estas acciones buscan que se detengan de inmediato las prácticas que llevaron a estas tragedias, como la falta de acceso a atención médica adecuada.
La Cancillería explicó que estos escritos son el primer paso formal hacia la posible presentación de acciones civiles. Además, argumentó que son un «paso previo indispensable» para el ejercicio de acciones penales que correspondan conforme a la ley. Esto refleja un enfoque más contundente del Gobierno mexicano en la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas a través de la red consular. Aseguró que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.
Recientemente, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU había instado a EE.UU. a realizar investigaciones independientes sobre las muertes de migrantes en centros de detención y en operativos migratorios. Este llamado se alinea con la creciente preocupación por las condiciones en las que se encuentran los migrantes en el país norteamericano.
La decisión del Gobierno mexicano de tomar acciones jurídicas representa un cambio significativo en su estrategia, que busca ir «más allá» de las notas diplomáticas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston. Este caso ha puesto de relieve la problemática de las muertes de connacionales en el contexto de la política migratoria estadounidense.
Desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump, se han registrado múltiples fallecimientos de mexicanos en centros de detención y durante operativos de las autoridades estadounidenses, lo que ha generado una creciente preocupación en el Gobierno mexicano y en la sociedad civil.
