El presidente Luis Abinader promulgó una modificación a la ley de residuos sólidos que incrementa los pagos que deben realizar las empresas por la gestión de desechos, afectando incluso a aquellas que no reportan ganancias. La normativa, que fue aprobada rápidamente por el Congreso, entró en vigor de inmediato tras su promulgación.
La nueva legislación establece una escala de contribuciones basada en los ingresos brutos anuales de las empresas. Por ejemplo, el primer tramo de contribución se amplía, y ahora las compañías con ingresos de cero a cinco millones de pesos deberán pagar 5,000 pesos anuales, en lugar de los 3,000 pesos anteriores para aquellas con ingresos de hasta un millón de pesos.
El mayor impacto se siente en las empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos, ya que la ley elimina la tarifa única de 675,000 pesos y establece una escala progresiva que varía entre 400,000 y 2.2 millones de pesos, dependiendo del nivel de ingresos. Para las empresas que facturan entre cinco y diez millones de pesos, la contribución se mantiene en 6,000 pesos.
Las compañías con ingresos de entre 10 y 25 millones de pesos verán un aumento en su pago, que pasará de 20,000 a 25,000 pesos. Asimismo, aquellas que facturan entre 25 y 50 millones de pesos reducirán su aporte de 155,000 a 90,000 pesos, mientras que las que se encuentran en el rango de 50 a 80 millones de pesos deberán pagar 120,000 pesos, en lugar de los 260,000 pesos establecidos anteriormente.
La aprobación de esta ley generó críticas entre organizaciones empresariales, que cuestionaron la rapidez del proceso legislativo. William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), expresó que las reformas que impactan la competitividad y el clima de inversión requieren un análisis más profundo y participativo.
Por su parte, Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que la medida incrementa la carga para empresas y consumidores en un contexto económico ya complicado. También expresó inquietudes sobre la gestión de los recursos recaudados y la falta de consultas con el sector privado.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) también se pronunció, indicando que la reforma necesita una revisión técnica más exhaustiva y un diálogo con los sectores productivos antes de su implementación.
El proyecto de ley fue presentado por el senador Antonio Marte y fue criticado por su aprobación en un procedimiento de urgencia, completando el trámite en apenas cinco días sin estudios previos en comisiones.
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