Las autoridades dominicanas están ignorando sistemáticamente las infracciones de tránsito, lo que fomenta la impunidad en el país. Esta situación se refleja en el comportamiento de los motoristas, quienes a diario cruzan semáforos en rojo, utilizan el teléfono celular mientras conducen y realizan maniobras temerarias, muchas veces frente a agentes encargados de hacer cumplir la Ley 63-17.

La inacción de la autoridad no solo permite que estas violaciones ocurran sin consecuencias, sino que también debilita el respeto por las normas de tránsito. Esto crea una cultura donde los conductores actúan según su conveniencia, convencidos de que no serán sancionados.

El desorden en el tránsito aumenta el riesgo de accidentes, lo que resulta en pérdidas humanas y materiales. Muchas tragedias que se consideran “accidentes” pudieron haberse evitado con una aplicación efectiva de la ley.

Corresponde a las autoridades fomentar la prevención, ya que un agente que hace cumplir las normas no solo impone multas, sino que también protege vidas y fortalece la confianza en las instituciones. Sin embargo, la negligencia y la indiferencia de la autoridad envían el mensaje de que la ley es opcional.

Desafíos en la aplicación de la ley

A pesar de que la Ley 63-17 tiene disposiciones suficientes para sancionar conductas peligrosas, el verdadero desafío radica en la falta de voluntad para aplicarla de manera firme y objetiva. Un país donde las leyes no se ejecutan se expone al desorden y a la pérdida del Estado de derecho.

La efectividad de la autoridad no se mide por la cantidad de agentes en las calles, sino por la certeza de que cada infracción tendrá consecuencias. Mientras esta convicción no exista, el caos seguirá prevaleciendo sobre la legalidad, y las tragedias continuarán cobrando vidas que pudieron haberse salvado.