El abogado Ángel Lockward presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ) contra la jueza Altagracia Ramírez, a quien acusa de presunta prevaricación en el caso Calamar, por no pronunciarse sobre varios incidentes planteados por la defensa. La denuncia fue depositada el pasado viernes.

Lockward sostiene que la magistrada no conoció ni falló un pedimento de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y que desnaturalizó una excepción de constitucionalidad, tratándola como una solicitud de exclusión probatoria. El abogado argumentó que los jueces tienen la obligación de aplicar la ley y que, al emitir resoluciones injustas a sabiendas, pueden incurrir en prevaricación.

El jurista destacó que, aunque las decisiones judiciales se pueden impugnar mediante recursos de apelación, esto no elimina la posible responsabilidad disciplinaria o penal del juez. Lockward también expresó su preocupación por la actuación del CPJ, señalando que hay desconfianza hacia este órgano en el ámbito jurídico.

Además, recordó que el Colegio de Abogados de la República Dominicana ha promovido acciones contra varios jueces recientemente. Lockward mencionó que, tras la entrada en vigor de la Ley 97-25 el 13 de diciembre de 2025, los tribunales tienen criterios objetivos para aplicar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

En este contexto, afirmó que, dado que no hubo aplazamientos ilegales atribuibles a los imputados, la jueza debía declarar extinguida la acción penal. La denuncia también sostiene que la omisión de conocer y decidir sobre la excepción de constitucionalidad viola garantías fundamentales del debido proceso, lo que podría llevar a la nulidad de la decisión judicial.

Finalmente, Lockward indicó que utilizó herramientas de inteligencia artificial para analizar la resolución judicial y la denuncia presentada, lo que sugiere una alta probabilidad de error judicial consciente. Sin embargo, aclaró que esta valoración es exclusiva del denunciante y no representa una conclusión de autoridad judicial.