La jueza emérita del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, y la exprimera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral, Vanahi Bello Dotel, presentaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al Código Penal dominicano para incluir la violencia vicaria y mejorar la protección contra la violencia doméstica, intrafamiliar y de género hacia la mujer.

La iniciativa fue recibida por la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y enviada al presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco Osoria, durante la actual legislatura, que concluirá el 26 de julio de 2026.

Las proponentes argumentan que es necesario modificar la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal, ya que algunas disposiciones representan un retroceso en la protección de las víctimas de violencia de género.

Entre los artículos cuestionados se encuentra el 127, que, según las juristas, reemplazó el concepto de “género” por “sexo” y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.

Además, señalaron vacíos en el artículo 124, como la ausencia de una definición legal de violencia física, a pesar de que esta conducta está sancionada por la norma. También mencionaron una excepción de responsabilidad penal relacionada con la disciplina de niños, niñas y adolescentes, que consideran incompatible con el artículo 56 de la Constitución dominicana.

La propuesta incluye la incorporación de definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital, así como establecer la violencia vicaria como un delito autónomo y eliminar el párrafo IV del artículo 124.

Jiménez Martínez y Bello Dotel fundamentan su iniciativa en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según las juristas, esta propuesta busca realizar una corrección técnica al Código Penal para fortalecer su constitucionalidad y alinearlo con compromisos internacionales, sin que se trate de una iniciativa de carácter ideológico.