El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que existen pruebas suficientes para que los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta sean llevados a juicio de fondo, según su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, a pesar de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar a su favor.

En el caso de Gonzalo Castillo, el informe critica el criterio de la jueza, quien argumentó que el estándar probatorio para justificar el no ha lugar correspondía a la etapa de juicio y no a la audiencia preliminar. Participación Ciudadana sostiene que el estándar de «más allá de toda duda razonable» solo se aplica en el juicio de fondo, mientras que en la audiencia preliminar se requiere un estándar de probabilidad.

El informe destaca que el Ministerio Público presentó varios testimonios que vinculan a Castillo con fondos de origen ilícito, incluyendo el de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), quien supuestamente demostraría la entrega de dinero al exministro. Este testimonio fue respaldado por las declaraciones de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, así como por choferes que transportaban grandes sumas de efectivo a las oficinas de Castillo.

Participación Ciudadana concluye que estos elementos debieron ser suficientes para enviar a juicio de fondo a Gonzalo Castillo, argumentando que los testimonios presentados fueron admitidos como pruebas válidas por la jueza. Además, enfatiza que la valoración de esos testimonios debía corresponder al tribunal de juicio y no a la audiencia preliminar, donde los testigos no fueron escuchados.

En cuanto a José Ramón Peralta, el informe también cuestiona la decisión de no ha lugar. Participación Ciudadana señala que el Ministerio Público presentó como prueba el testimonio de Francisco Pagán, quien afirmó que Peralta habría recibido 50 millones de pesos, además de los testimonios de Jiménez, Ureña y Crisóstomo, que buscaban establecer que parte de los fondos retirados del Banco de Reservas eran trasladados a un inmueble presuntamente alquilado con la garantía del exfuncionario.

Con base en esta información, el informe sostiene que estos elementos debieron ser suficientes para enviar a Peralta a juicio de fondo, donde se requeriría una valoración integral de las pruebas para determinar su inocencia o culpabilidad conforme al debido proceso.