El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que la opinión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención del expresidente Pedro Castillo abre un nuevo escenario legal para considerar un eventual indulto al exmandatario. El grupo de la ONU calificó la detención de Castillo como «arbitraria» y recomendó su liberación.

Balcázar explicó que este pronunciamiento modifica el contexto jurídico y constitucional respecto a cómo se puede otorgar un indulto a una persona detenida. En declaraciones a la emisora estatal Radio Nacional, el mandatario interino afirmó que esperará una solicitud formal de los abogados de Castillo, la cual deberá ser analizada a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU opinó que la captura de Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, fue injusta y recomendó su liberación inmediata, así como una indemnización y otros tipos de reparación conforme al derecho internacional.

Balcázar, quien transferirá el mando presidencial a Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, enfatizó que el informe de la ONU podría fortalecer una nueva solicitud de indulto, la cual deberá ser evaluada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El presidente interino indicó que cualquier decisión sobre el indulto dependerá de que se incluyan los términos del pronunciamiento de la ONU en un pedido formal. «Es importante analizarlo en contexto y esperar que Castillo formule su petitorio formalmente», agregó.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, tras su intento de disolver el Congreso y tomar control de la Judicatura, en medio de acusaciones de corrupción en su contra. Desde entonces, su defensa ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas hasta el momento, ya que el proceso sigue en apelación ante tribunales superiores.

Actualmente, hay una solicitud de gracia presidencial que se encuentra en revisión, la cual invoca una atribución constitucional que permite al gobernante otorgar el derecho de gracia en casos específicos, incluyendo a condenados sin sentencia firme.

En un mensaje en la red social X, Castillo instó a la justicia nacional a acatar el dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU, considerándolo un «hito trascendental en la lucha por la justicia» y solicitando su inmediata excarcelación.