La gestión y transformación del sistema energético nacional de la República Dominicana enfrenta importantes desafíos, caracterizados por una estructura mixta público-privada, altos costos operativos y subsidios recurrentes. Este sector ha sido una carga para las finanzas del país y un obstáculo para la competitividad económica y el bienestar social. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han instado a realizar reformas en el sector eléctrico debido a los elevados subsidios y las pérdidas operativas persistentes.

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ha visto una expansión significativa en los últimos años, alcanzando casi 6,000 megavatios (MW) de capacidad nominal instalada al cierre de 2025. Esta capacidad se basa principalmente en generación térmica a gas natural y carbón, con un aumento en la participación de fuentes renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica.

Desarrollo de la infraestructura energética

Entre las principales instalaciones, destaca la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que aporta 720 MW y es fundamental para la generación de carga base del país. Además, la central de ciclo combinado Manzanillo Power Land, ubicada en Pepillo Salcedo, comenzó a operar en 2026, sumando 414 MW netos a la red, lo que refuerza la transición hacia combustibles menos contaminantes.

La red eléctrica es la infraestructura más grande y compleja administrada por el Estado, y su eficiencia es crucial para el crecimiento económico y la calidad de vida. La demanda energética sigue creciendo a un ritmo superior al de la población, impulsada por la actividad económica y la expansión urbana.

La historia del sistema eléctrico dominicano se remonta a 1896, con la instalación de la primera planta generadora. Desde entonces, ha pasado por diversas transformaciones, incluyendo la creación de la Corporación Dominicana de Electricidad en 1955 y la capitalización del sector entre 1997 y 2001.

Desafíos y oportunidades

La política energética actual se centra en aumentar la generación de gas natural y energías renovables, que ya representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada. Sin embargo, las empresas distribuidoras estatales enfrentan pérdidas de entre 35 % y 40 % de la energía servida, lo que genera un costo fiscal anual cercano a dos mil millones de dólares.

Este escenario limita la inversión pública en áreas clave como educación y salud, ya que los subsidios al sistema eléctrico absorben recursos vitales. Además, la gestión de la demanda eléctrica es un reto importante, ya que el suministro debe ser suficiente para cubrir la demanda máxima, especialmente durante las horas pico.

La reconfiguración del sistema energético dominicano requiere una estrategia integral que contemple la expansión de generación eficiente, el fortalecimiento de la transmisión, la reducción de pérdidas en distribución, la aceleración de la transición energética y la modernización institucional. Solo así se podrá asegurar un suministro eléctrico confiable y sostenible en el futuro.