Una coalición de fiscales demócratas demandó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por su intento de recortar subvenciones federales para programas de salud mental en escuelas públicas, aprobadas con apoyo bipartito en el Congreso. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la demanda contra el Departamento de Educación y su secretaria, Linda McMahon, buscando impedir de manera preliminar y permanente estos recortes que consideran «cruciales».

Los fondos fueron establecidos en respuesta a la creciente crisis de salud mental juvenil y a varios tiroteos escolares, incluyendo el de la secundaria Douglas Parkland en Florida, donde fallecieron 17 personas, y el de la escuela elemental de Uvalde en Texas, que dejó un saldo de 19 niños y dos maestros muertos.

En diciembre, la coalición de fiscales logró una victoria en los tribunales al detener un intento previo del Gobierno Trump de recortar estos fondos, pero ahora el Departamento de Educación está utilizando un método diferente, según James. Tras esa derrota, el Departamento proporcionó financiación temporal a las escuelas, pero anunció planes para cancelar algunas o todas las subvenciones a partir del 31 de julio.

Los fiscales argumentan que el Gobierno está violando la Ley de Procedimiento Administrativo, regulaciones federales sobre subvenciones y la autoridad del Congreso en su nuevo intento de eliminar estos fondos. En 2018, el Congreso estableció el Programa de Subvenciones para la Demostración de Servicios Profesionales de Salud Mental (MHSP) para abordar la escasez de profesionales en escuelas públicas con alta necesidad tras el tiroteo en Parkland.

En 2020, se amplió el esfuerzo con el Programa de Subvenciones para Servicios de Salud Mental en las Escuelas (SBMH), que financió la contratación, capacitación y retención de personal especializado. Tras el tiroteo de 2022 en Uvalde, la financiación aumentó considerablemente, superando los 100 millones de dólares anuales para cada programa hasta 2026.

Cada programa fue diseñado como una iniciativa de cinco años con el objetivo de incorporar 14,000 profesionales de salud mental, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos donde los estudiantes enfrentan dificultades para acceder a estos servicios. James destacó que estos programas han demostrado un «éxito tangible», con casi 775,000 estudiantes recibiendo servicios en su primer año y más de 1,200 profesionales contratados, manteniendo al 95% de ellos.

La fiscal advirtió que los recortes propuestos amenazan con eliminar 19 millones de dólares en subvenciones para Nueva York, lo que podría afectar gravemente la infraestructura de salud mental juvenil en el estado.