La congresista demócrata Adelita S. Grijalva exigió este viernes al presidente Donald Trump que detenga el traslado de 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona hacia centros de detención en Texas y Luisiana, argumentando que esta medida vulnera sus derechos y dificulta su acceso a representación legal.

Entre los menores se encuentra un bebé de apenas cinco meses, nacido en Estados Unidos, que está bajo custodia junto a uno de sus padres. Grijalva considera que el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un «intento peligroso» de alejar a los menores de sus abogados y defensores, lo que facilitaría procesos de deportación acelerados y limitaría el debido proceso.

La representante, que representa un distrito fronterizo de Arizona, subrayó que trasladar a los niños a cientos de kilómetros incrementa el sufrimiento de quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad al llegar a Estados Unidos. Además, enfatizó que todos los menores, sin importar su estatus migratorio, deben recibir protección y acceso efectivo a asistencia legal, conforme a la legislación estadounidense.

La Administración Trump ha sido objeto de críticas por el aumento en las detenciones y deportaciones de menores en los últimos meses. Un informe de ProPublica indica que los menores inmigrantes no acompañados están siendo detenidos y expulsados a un ritmo aproximadamente tres veces mayor que durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El análisis revela que actualmente se emiten más de 10,000 órdenes mensuales de expulsión y salida voluntaria contra menores que ingresaron solos o con familiares, cifra que se aproxima a cuatro veces la registrada en el anterior periodo presidencial. Grijalva también criticó la falta de información sobre estos traslados, sugiriendo que la ausencia de transparencia podría debilitar las garantías legales de los niños inmigrantes.

La congresista insistió en que «el Departamento de Seguridad Nacional debe detener de inmediato estos traslados imprudentes», reafirmando que la protección de los derechos de los menores debe prevalecer sobre cualquier medida administrativa.