La situación de los detenidos en Santo Domingo Este se agrava debido a la burocracia judicial, que retrasa su presentación ante un juez, llegando a durar «hasta un mes» en ser trasladados, según denuncias. Este problema es particularmente grave en casos de violencia de género, donde se incumple el plazo legal de 48 horas para la presentación.

Cuando finalmente se logra llevar a los arrestados ante un juez, el proceso puede extenderse, y si se dicta prisión preventiva, la espera para su traslado a la penitenciaría puede prolongarse por otro mes más debido a trámites burocráticos. La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante esta situación, que afecta especialmente a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Santo Domingo Este.

Problemas en varios destacamentos

La problemática no se limita a la Unidad de Violencia de Género, sino que también afecta otros destacamentos en la zona, como el de Felicidad y el del ensanche Ozama. La defensora pública Winie Adames ha detallado que la situación se agrava por la falta de logística del Ministerio Público y la responsabilidad del Poder Judicial, que suspende las audiencias y, a pesar de ello, impone coerciones.

Roberto Santana, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (Dgspc), explicó que su institución solo gestiona las condiciones de los detenidos una vez que hay una resolución del juez. Aclaró que la notificación escrita sobre la decisión del tribunal puede tardar de dos a cuatro semanas, lo que provoca que los detenidos permanezcan en los destacamentos durante un tiempo prolongado.

La ONDP ha constatado que 85 personas estaban recluidas en la Unidad de Violencia de Género, un espacio destinado solo para detenciones temporales. De ellos, 27 esperaban medidas de coerción, mientras que otros 58 ya tenían coerciones impuestas, pero seguían en el destacamento debido a retrasos en su traslado.

Adames también mencionó que la falta de cupo en los centros penitenciarios complica aún más la situación, señalando que Las Parras no está recibiendo reclusos porque «está cerrada». Sin embargo, Santana rechazó esta afirmación, asegurando que hay disponibilidad de cupos y que se están realizando traslados a un nuevo cuadrante con capacidad para 2,400 internos.

La Defensa Pública sostiene que esta situación refleja serias deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que obliga a los detenidos a permanecer en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos por períodos prolongados.