La medianoche del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional (núm. 590-16). Veinticuatro legisladores dieron su visto bueno a una propuesta que busca endurecer sanciones, regular el uso de la fuerza y prohibir privilegios de agentes asignados a la seguridad privada. Sin embargo, el escepticismo de la ciudadanía persiste, ya que muchos no distinguen entre el uniforme del protector y el arma del opresor.

La reforma se presenta en un contexto complicado, marcado por recientes asesinatos de civiles a manos de agentes policiales. Mientras los senadores discutían aspectos técnicos, la sociedad civil continuaba lamentando las víctimas de lo que a menudo se denomina «intercambio de disparos» o «excesos individuales». Este clima ha generado un sentimiento de desconfianza en lugar de celebración.

Existen temores de que, a pesar de su redacción, la reforma pueda convertirse en un mecanismo de impunidad o incluso legitimar el uso excesivo de la fuerza. Aunque el proyecto incluye modificaciones que buscan atacar problemas históricos, como la obligación de usar cámaras corporales durante los operativos, la efectividad de estas medidas es cuestionada.

El nuevo artículo 155 valida el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales, mientras que el artículo 227 tipifica como faltas «muy graves» el uso excesivo de la fuerza y el uso de armas no asignadas, con sanciones severas para la reincidencia. Sin embargo, el problema fundamental radica en la cultura de impunidad que impera en el sistema.

La ciudadanía se interroga sobre la utilidad de las cámaras corporales si el sistema judicial, tanto interno como externo, ha fallado en castigar a los uniformados que abusan de su autoridad. Cambiar la estructura de la Policía no resolverá los problemas si persiste la mentalidad de ver a cada ciudadano como un potencial criminal.

Un Estado democrático no puede buscar la paz a costa de la vida de sus ciudadanos. Las ejecuciones extrajudiciales y los abusos de la Policía Nacional requieren una respuesta que trascienda sanciones administrativas leves. La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad es una violación directa a la Constitución y refleja un sistema en crisis.

Para que la sociedad confíe en que esta reforma no es una «autorización para matar», los cambios deben ser evidentes en la práctica. Las penas deben aplicarse de manera justa y sin favoritismos. Las autoridades deben demostrar que están comprometidas con la credibilidad de la institución, comenzando con una política de tolerancia cero hacia el uso desproporcionado de la fuerza.

La vida de los ciudadanos dominicanos no puede seguir siendo un daño colateral en un modelo de seguridad pública mal interpretado.