Las Seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en La Vega Oeste y Este expresaron su apoyo a la maestra Mirka Mercedes Ramírez y exigieron que las investigaciones sobre el caso de dos odontólogos se realicen con total transparencia. En caso de que se comprueben responsabilidades, el gremio demandó que la justicia actúe con todo el peso de la ley.

La dirigencia del gremio se presentó en el Palacio de Justicia de La Vega para brindar apoyo moral a la educadora durante la audiencia de medida de coerción, quien enfrenta serias secuelas de salud tras un procedimiento odontológico. El presidente de la ADP La Vega Oeste, Nelson González, afirmó que el gremio mantendrá una postura firme en defensa de la maestra y solicitó que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias.

“Nuestra posición es clara y firme. Estamos aquí por una maestra dominicana y queremos que la justicia investigue a profundidad. Si existen responsables, deben responder ante la ley. Lo único que exigimos es que el proceso concluya con justicia y transparencia”, declaró González.

Por su parte, el presidente de la ADP en La Vega Oeste, Mario Acevedo, aclaró que el sindicato no pretende emitir juicios anticipados ni condenar a nadie antes de que finalice el proceso judicial. “Estamos aquí brindando apoyo moral a nuestra compañera. Lo único que queremos es que las investigaciones se profundicen y que la justicia determine las responsabilidades que correspondan”, indicó Acevedo.

Acevedo también informó que Ramírez, quien labora en el centro educativo Cristiano Til, se encuentra bajo licencia médica desde el procedimiento odontológico y enfrenta dificultades para hablar, alimentándose únicamente de líquidos o alimentos licuados. “Su situación es grave. Hasta el momento no puede hablar normalmente”, agregó.

En cuanto a la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso presentación periódica y garantía económica a los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, quienes son investigados por el Ministerio Público por presunta mala práctica médica e intrusismo.

El expediente indica que Franklin José Almánzar, de 51 años, ejercía la odontología sin tener exequátur y realizó procedimientos en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en La Vega. La investigación señala que la paciente sufrió lesiones permanentes, incluyendo daño nervioso y edema facial, tras el procedimiento.

El tribunal impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000 y a William Radhamés Almánzar otra de RD$20,000, ambas mediante depósito en el Banco Agrícola. Además, deberán presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúan las investigaciones.

La ADP reafirmó su apoyo a la docente y reiteró que no busca prejuzgar a los imputados, sino que las investigaciones aclaren los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.