La nueva Ley 74-25 del Código Penal de la República Dominicana reorganiza y amplía los delitos relacionados con la prensa, adaptándolos a la era digital. Este cambio ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión, ya que se ha interpretado erróneamente que introduce por primera vez delitos para proteger el honor de los funcionarios públicos. Sin embargo, figuras como la difamación y la injuria ya existían en el ordenamiento jurídico dominicano desde hace más de un siglo.
El Código Penal vigente, que se remonta al Código Napoleónico de 1810, establece sanciones para el ultraje a magistrados y funcionarios públicos. La Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, promulgada en 1962, complementó este marco legal, penalizando la difamación y la injuria en medios de comunicación, y otorgando un tratamiento especial a ofensas dirigidas a funcionarios y al Presidente de la República.
La Ley 74-25 no elimina este esquema, sino que lo integra en un solo cuerpo legal y lo adapta a un contexto contemporáneo, regulando expresamente publicaciones en plataformas digitales y redes sociales. El nuevo código amplía la definición de «funcionario o servidor público», abarcando prácticamente toda la administración estatal, a diferencia del anterior que se centraba en magistrados y miembros de la fuerza pública.
Además, la nueva legislación redefine el ultraje, pasando de descripciones concretas a una formulación más amplia que se refiere a expresiones contrarias a la dignidad personal de los servidores públicos. Esta amplitud ha sido señalada como un posible motivo para interpretaciones extensivas por parte de los tribunales.
Las penas por difamación se han incrementado, llegando hasta cinco años de prisión y multas basadas en salarios mínimos del sector público, reemplazando el antiguo sistema de multas nominales. La injuria también recibe un tratamiento más severo, aunque ya estaba tipificada anteriormente.
Una de las novedades más significativas es la inclusión de la difamación e injuria con fines de extorsión, que busca diferenciar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de prácticas de chantaje. Esta disposición responde a un fenómeno creciente en la era digital, donde la amenaza de publicar información comprometedora se ha vuelto más común.
La Ley 74-25 también introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos casos relacionados con estos delitos, lo que podría afectar a empresas y entidades bajo condiciones específicas. Además, mantiene exclusiones de responsabilidad que ya estaban en la Ley 6132, como la protección de discursos en el Congreso y documentos oficiales.
Un cambio relevante se encuentra en la exceptio veritatis, que permite a los acusados de difamación demostrar la veracidad de los hechos imputados. La omisión de esta defensa en el nuevo Código ha generado preocupación entre juristas y organizaciones de prensa, ya que podría dar lugar a interpretaciones judiciales más amplias sobre el valor de la verdad en el contexto de la libertad de expresión.
Finalmente, la Ley 74-25 reconoce el derecho de cualquier persona a grabar arrestos y registros por parte de agentes policiales, sancionando a aquellos que impidan estas grabaciones, salvo que interfieran con el procedimiento. Estos cambios se producen en un contexto constitucional que refuerza la libertad de expresión, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aboga por un mayor escrutinio sobre los funcionarios públicos.
