El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica núm. 590-16 sobre la Policía Nacional, endureciendo las sanciones para los policías que cometan faltas graves y regulando el uso de la fuerza. La aprobación se dio casi a la medianoche de este miércoles, con el respaldo de 24 de los 27 legisladores presentes, tras más de cinco horas de lectura de sus 315 artículos. Aunque no estaba en la agenda, se incluyó tras obtener la mayoría de votos y un informe favorable de la comisión asignada.

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, explicó que la propuesta establece tres categorías dentro de la Policía: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero. Además, se incorporan nuevas adecuaciones en el patrullaje y se fortalece la formación académica de los policías, enfatizando el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la eficiencia en el cumplimiento de su misión.

La reforma introduce nuevas instancias para coordinar con otras instituciones y sugiere modificaciones en varios artículos de la ley actual, así como la eliminación de otros. Se establece que el personal de carrera policial debe garantizar un trato humano durante el servicio, actuando con respeto y proporcionalidad, incluso en situaciones de tensión.

Entre las modificaciones, se prohíbe que miembros de la Policía sean destacados en funciones ajenas a la seguridad pública, y se regula la prestación de servicios en instituciones públicas. También se establece que las sanciones por uso irregular de personal policial incluirán consecuencias disciplinarias y posibles investigaciones.

La normativa también regula los registros personales y de vehículos, permitiéndolos solo en situaciones específicas y garantizando el respeto a la dignidad humana. Se prohíben registros basados en prejuicios y se limita el uso de la fuerza a situaciones necesarias y proporcionales, con requisitos adicionales para procedimientos nocturnos.

En cuanto al porte de armas, se establece que solo podrán ser utilizadas por miembros de la Policía y se amplían las faltas disciplinarias muy graves, incluyendo el uso excesivo de la fuerza. Las sanciones varían desde la destitución hasta suspensiones y descuentos salariales, dependiendo de la gravedad de la falta.

La reforma introduce una nueva causal de desvinculación para agentes sancionados repetidamente y modifica el régimen de desvinculación, permitiendo que cualquier miembro pueda solicitar su salida del servicio activo. También se detalla el uso de la fuerza, que debe ser justificado y proporcional, y se regula el uso de armas letales y el equipamiento policial.

La pieza crea un Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional que deberá iniciar su funcionamiento en un plazo de seis meses tras la promulgación de la ley. Esta reforma se produce en un contexto de descontento social tras incidentes de uso inadecuado de la fuerza por parte de la Policía, incluyendo la reciente muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado, lo que ha generado condenas de diversos sectores y del propio presidente Luis Abinader.