Los partidos Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática exigieron este miércoles al Gobierno una transformación estructural de la Policía Nacional, tras la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, durante un incidente con un agente policial.
En una rueda de prensa, Guillermo Moreno, acompañado de María Teresa Cabrera y Miguel Alejandro Martínez, calificó la muerte del joven como una ejecución y afirmó que no es un caso aislado, sino parte de un problema estructural en la institución del orden.
Las organizaciones señalaron que frecuentemente se difunden videos donde ciudadanos son abatidos por agentes policiales, a menudo después de ser detenidos o sin representar una amenaza. En los primeros seis meses de 2026, unas 147 personas murieron en hechos relacionados con la Policía Nacional, cifra que supera las 122 registradas en el mismo período de 2025.
Además de las muertes, denunciaron la persistencia de casos de golpizas, torturas, lesiones, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y apropiación ilegal de bienes, atribuidos a miembros de la institución.
Durante la declaración, cuestionaron la actuación del Ministerio Público, al considerar que en muchos casos acepta la versión policial sin realizar investigaciones exhaustivas, lo que favorece la impunidad.
Ante esta situación, Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática plantearon cuatro demandas: que se investigue y sancione el caso de Darlin Mercado conforme a la ley; que se realice una depuración de la Policía Nacional con una reevaluación psicológica de todo el personal armado; que el Ministerio Público investigue de oficio todas las muertes violentas y denuncias de abusos atribuidos a agentes policiales; y que la actual reforma policial sea sustituida por una transformación estructural orientada a construir una policía comunitaria y respetuosa de los derechos fundamentales.
Las organizaciones concluyeron que el país necesita una reforma que enfrente la corrupción, elimine los grupos de poder dentro de la institución y garantice que la Policía Nacional actúe con apego a la ley y a la protección de la vida de los ciudadanos.
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