El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuló el cobro de US$10.00 por concepto de tarjeta de turista a los ciudadanos dominicanos, declarado no conforme con la Constitución en la sentencia TC/1003/23 del 27 de diciembre de 2023. Esta decisión afecta los artículos 4 y 5 de la Norma 08-2018, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 3 de marzo de 2018. A pesar de la sentencia, la DGII no ha implementado los cambios necesarios para cumplir con el fallo, lo que agrava la situación.

El Tribunal Constitucional diferió los efectos de la medida por un plazo de dos años a partir de la notificación de la sentencia. Sin embargo, han pasado más de dos años y medio desde la emisión del veredicto y la DGII aún no ha generado los instrumentos legales requeridos. Esta falta de acción no puede ser atribuida a la institución, ya que legalmente se considera que está obligada a cumplir con el mandato del Tribunal.

La tardanza en la notificación de la sentencia ha sido un factor clave en esta inacción. La decisión fue comunicada a la DGII el 18 de mayo de 2026, lo que significa que transcurrieron 30 meses desde que se emitió el fallo hasta que se notificó. Esta lentitud es incongruente con el principio de seguridad jurídica y el derecho a un debido proceso, ya que la resolución del caso tomó más de cinco años.

La situación plantea interrogantes sobre la eficiencia del Tribunal Constitucional. Preguntas como qué controles se han implementado para asegurar una comunicación oportuna de las sentencias, la ausencia del Defensor del Pueblo durante este tiempo y quién debe asumir la responsabilidad por esta falta son fundamentales. Esta inacción no es solo un error administrativo, sino que también refleja un conflicto de interés donde el Estado se beneficia de su propia incapacidad para notificar un fallo.

La falta de un mecanismo automático de reembolso ha convertido la morosidad del Tribunal en una herramienta de recaudación, lo que plantea preocupaciones sobre el destino de los fondos recaudados ilegalmente. La mayoría de este dinero permanece en las arcas del Estado, lo que genera inquietudes sobre su uso.

El Estado Dominicano no debería aprovechar su propia ineficiencia para extender la vigencia de un tributo inconstitucional. La diáspora y la sociedad deben exigir no solo el cese de esta ilegalidad, sino también una reparación integral por la falta de acción. Se propone que el Poder Ejecutivo detenga este cobro y que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, exonere a los dominicanos en el exterior del pago de servicios consulares como medida compensatoria.