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Participación Ciudadana exige corregir deficiencias del nuevo Código Penal

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El movimiento cívico Participación Ciudadana exigió que el nuevo Código Penal entre en vigor tras concluir el vacatio legis, y pidió al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo corregir las deficiencias que, según ellos, aún presenta la normativa. La organización espera que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo someta un anteproyecto de ley al Congreso «sin dilación» para abordar estas fallas.

Participación Ciudadana enfatizó que las correcciones deben realizarse antes de la vigencia de la legislación y subrayó que el Congreso «debería ser el más interesado en corregir sus propios errores». A pesar de esto, reconoció que el nuevo Código Penal incluye avances significativos, como la tipificación de aproximadamente 70 nuevos delitos en áreas como violencia de género, ciberdelitos y corrupción.

Entre los delitos graves que se incorporan están el genocidio, el sicariato, el secuestro y la obstrucción de la justicia. La organización también valoró que la nueva legislación fortalezca las herramientas para combatir la corrupción y proteger el patrimonio público, ampliando las conductas sancionables y extendiendo a 20 años la prescripción de infracciones contra el patrimonio del Estado.

En cuanto a la libertad de expresión, Participación Ciudadana reiteró su postura de despenalizar la difamación, la injuria y el ultraje, argumentando que esta medida está en línea con la tendencia internacional y refuerza la democracia y el derecho a la información. Además, recordó que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las tres causales para la interrupción del embarazo, sugiriendo que estas correcciones deben ser consideradas en el proceso de modificación del Código.

El pronunciamiento de Participación Ciudadana se produce en medio de un intenso debate sobre el nuevo Código Penal, que ha sido objeto de críticas por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y por no incluir las tres causales para la interrupción del embarazo. Mientras algunos sectores apoyan la promulgación de la ley con correcciones posteriores, otros demandan modificaciones antes de su entrada en vigor.

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