Decenas de médicos se concentraron este martes frente al Palacio de Justicia de La Vega para expresar su apoyo a los odontólogos Franklin José Almánzar y William Almánzar, quienes están detenidos por presuntas malas prácticas odontológicas que habrían causado lesiones permanentes a una paciente. La manifestación se realizó mientras se espera el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en su contra.

Con consignas como «Médico sí, delincuente no» y «Libertad, libertad», los manifestantes rechazaron la detención de los profesionales. La secretaria general nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Miosotte Lazala, denunció que este caso representa una criminalización del ejercicio de la medicina.

Lazala afirmó que la acusación debió ser tratada inicialmente en la jurisdicción civil y no a través de un proceso penal. «Exigimos respeto al ejercicio de la medicina. Estamos para servir y para curar, no para matar», expresó durante la protesta.

Por su parte, el expresidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, calificó la actuación del Ministerio Público como un atropello a los derechos constitucionales de los imputados. Suero cuestionó la detención de los odontólogos sin haber sido citados previamente para ser interrogados.

El expresidente sostuvo que el caso fue transformado de una reclamación civil a una querella penal para justificar las detenciones. «Aquí no hay una persona fallecida ni con una discapacidad. Lo correcto era investigar y citar a los médicos, no apresarlos», manifestó.

El proceso judicial involucra a Franklin y William Almánzar, quienes son investigados por el Ministerio Público por presuntas malas prácticas odontológicas. Según el expediente, Franklin presuntamente ejercía la odontología sin exequátur en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega.

La paciente acudió al consultorio el pasado 17 de enero y, tras el procedimiento, presentó complicaciones médicas, incluyendo daños nerviosos y edema facial, según las certificaciones médicas incorporadas al proceso. El Ministerio Público sostiene que estos hechos constituyen una violación a la Ley General de Salud 42-01 y ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción para ambos imputados.