El conflicto judicial que culminó con el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se ha convertido en un referente académico en el ámbito del derecho aeroportuario. Esta experiencia se documenta en el libro Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario, que argumenta que no existe un modelo único de gestión aeroportuaria, destacando la importancia del respeto a la legalidad, el interés público y la seguridad operacional.

La obra examina el litigio entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado uno de los casos más significativos en el sector aeronáutico del país y un referente para el estudio del derecho de infraestructuras y la buena administración pública. La publicación fue presentada por Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

El libro reúne las principales sentencias del caso y estudios de expertos como Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes, con un prólogo del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo. La controversia se inició en 2020, cuando se otorgaron autorizaciones para el desarrollo del proyecto, pero el IDAC cuestionó la legalidad de esos actos, argumentando irregularidades en el procedimiento y que la competencia para autorizar un nuevo aeropuerto correspondía a su organismo.

Después de varios años de litigio, el Tribunal Constitucional validó en 2025 las actuaciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, estableciendo un precedente para el estudio del derecho aeroportuario. González destacó que el libro desmonta la idea de que existe una fórmula ideal para la administración de aeropuertos, enfatizando que el enfoque debe ser sobre cómo se gestionan.

Rodríguez-Arana añadió que un aeropuerto representa «un libro abierto de derecho público y privado», debido a la interacción de diversas normativas. Resaltó que estas infraestructuras deben ser analizadas desde el derecho de las infraestructuras, basándose en principios como la planificación estratégica y la buena administración.

Durante la presentación, se subrayó que las autorizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas deben respetar el ordenamiento jurídico. González explicó que la construcción de nuevos aeropuertos requiere estudios técnicos, y aunque los modelos de gestión varían, todos deben cumplir con planes maestros, análisis del espacio aéreo y certificaciones ambientales, siguiendo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Rodríguez-Arana anunció que integrará el caso dominicano en sus cursos universitarios, mientras que González afirmó que la publicación representa un aporte significativo al desarrollo del derecho aeroportuario en América Latina.