El Gobierno dominicano ha decidido archivar la propuesta de una nueva ley de libertad de expresión, la cual fue elaborada por una comisión consultiva durante un periodo de tres años. El proyecto, que llegó al Senado en abril de 2025, no fue aprobado en el plazo reglamentario y quedó estancado en una comisión legislativa sin el impulso del Congreso ni del Poder Ejecutivo para su rescate.

La iniciativa, que buscaba derogar la Ley 6132, fue impulsada por el presidente Luis Abinader en junio de 2022, en un contexto de críticas hacia su Gobierno por proyectos que se consideraban amenazas a la libertad de prensa. Para abordar estas preocupaciones, se creó la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), compuesta por juristas y comunicadores, con el objetivo de desarrollar un nuevo marco legal.

El proceso de redacción se extendió por casi tres años y, aunque en abril de 2024 Abinader presentó un borrador del proyecto, este no fue enviado formalmente al Congreso hasta el 2 de mayo de 2025. Una vez en el Senado, el proyecto fue asignado a una comisión especial liderada por la senadora Aracelis Villanueva, que inició consultas con diversos sectores.

Durante estas consultas, se llevaron a cabo cinco reuniones, donde la comisión recibió a los redactores de la iniciativa, encabezados por Namphi Rodríguez, y a representantes de Participación Ciudadana. Sin embargo, el proceso no culminó en un informe definitivo y el proyecto se estancó, agotando el tiempo constitucional de la legislatura.

A pesar de su objetivo de fortalecer la libertad de expresión, varios artículos del proyecto generaron controversia, especialmente en relación al tratamiento de las plataformas digitales. El proyecto proponía regulaciones para plataformas comerciales que moderaran contenidos, lo que llevó a especialistas a advertir sobre posibles interpretaciones que afectarían la libertad de expresión en internet.

Frente a las críticas, Rodríguez sugirió al Senado retirar el capítulo sobre redes sociales para discutirlo más adelante mediante una ley especial. Por su parte, Abinader tomó distancia del contenido del proyecto, afirmando que no había redactado «ni una coma» y que el texto era responsabilidad de la comisión consultiva.

Entre las disposiciones del proyecto se incluía el reconocimiento del acceso a internet como un derecho fundamental y la prohibición de la censura previa, estableciendo que cualquier restricción a la libertad de expresión debía justificarse en el marco de una sociedad democrática. También se planteaba la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión.

A pesar de la relevancia de estas disposiciones, el proyecto nunca fue debatido ni votado en el pleno del Senado. Así, tras tres años de trabajo y múltiples consultas, la propuesta terminó archivada, convirtiéndose en otra iniciativa que el Congreso no logró aprobar ni rechazar formalmente.