El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) cuestiona las modificaciones a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, que buscan aumentar los pagos de las empresas para la recogida y procesamiento de residuos. Esta reforma se presenta en un contexto de crisis económica, donde el Gobierno busca incrementar ingresos en hasta 50,000 millones de pesos para mitigar el impacto de las alzas del petróleo. El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, expresó su preocupación sobre las decisiones económicas del Gobierno.

Marranzini considera que la medida añade presión a empresas y consumidores, quienes ya enfrentan mayores retenciones debido a las recientes políticas económicas. El ejecutivo también criticó la falta de transparencia en el uso de los recursos que se recauden, así como la ausencia de consultas con el sector privado y el Fideicomiso DO Sostenible, encargado de administrar los fondos.

Las modificaciones propuestas podrían llevar a que algunas empresas paguen hasta 1,000% más en comparación con las contribuciones establecidas en la Ley 98-25. Según el nuevo esquema, las empresas con ingresos de hasta 1 millón de pesos tendrían que pagar 5,000 pesos anuales, mientras que aquellas con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos contribuirían con 2.2 millones de pesos.

El Senado aprobó la reforma el 30 de junio en una única discusión, y ahora corresponde al Poder Ejecutivo revisarla para su posible promulgación. Marranzini subrayó que el sector privado está comprometido con encontrar soluciones definitivas para la gestión de residuos en el país, especialmente para reducir la cantidad de vertederos a cielo abierto.

El ejecutivo también destacó los avances en la instalación de plantas de relleno sanitario, como la de Vermont y la planta de reciclaje Renacer, que son modelos en la gestión de residuos. Sin embargo, la nueva reforma ha generado inquietud sobre la sostenibilidad del fideicomiso, ya que podría resultar en un aumento de tarifas si los recursos no son suficientes.

El director del Fideicomiso DO Sostenible, Príamo Ureña, justificó el ajuste de ingresos, pero Marranzini cuestionó su falta de participación en las discusiones legislativas. «¿Cómo se aprueba una ley de urgencia sin que el director del fideicomiso esté al tanto de lo que se discute?», se preguntó.

Respecto a si llevarán estas preocupaciones al presidente Luis Abinader, Marranzini afirmó que el Poder Ejecutivo ha mostrado receptividad. Además, expresó la necesidad de evitar que situaciones como esta se repitan y de profundizar en el análisis de la ley.