La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de cerrar la unidad especial encargada de investigar las adopciones ilegales durante la dictadura chilena ha generado una fuerte indignación en la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), que considera esta acción un obstáculo para alcanzar la verdad. La presidenta de la organización, Marisol Rodríguez, expresó su descontento al señalar que no esperaban esta medida y que había indicios de que el trabajo continuaría.

La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), creada en febrero de este año, tenía como objetivo coordinar esfuerzos entre diversas instituciones para facilitar el reencuentro de más de 20.000 niños que fueron sustraídos de sus familias. Rodríguez afirmó que la organización tiene identificados más de 10.000 casos y que actualmente existen más de 1.600 causas judiciales abiertas relacionadas con estas adopciones.

Las adopciones ilegales han sido documentadas desde los años 50, pero la mayoría de los casos ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet, con la participación de médicos, jueces y autoridades migratorias, afectando especialmente a madres jóvenes y de escasos recursos. Aunque las primeras denuncias se hicieron en 2014, fue en 2018 cuando la Justicia chilena inició una investigación sobre este oscuro capítulo de la historia del país.

En 2025, un juez logró demostrar la existencia de una red de adopciones ilegales y procesó a cinco personas por la sustracción ilegal de menores. De los más de 20.000 niños adoptados irregularmente, solo 1.000 han logrado reunirse con sus familias, según datos del Poder Judicial.

La noticia del cierre de la unidad coincide con un informe del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, que documenta 314 adopciones irregulares de menores chilenos entre 1985 y 2016, principalmente de la zona sur y con ascendencia mapuche. Rodríguez lamentó que se hayan identificado más de 300 adopciones en Noruega, además de 1.200 en Suecia y 1.700 en Francia, entre otros países.

Kast, quien asumió la presidencia en marzo, ha implementado recortes en la Administración Pública con el fin de reducir el déficit fiscal. La unidad fue establecida durante el mandato del expresidente Gabriel Boric, quien también había prometido la creación de un banco público de ADN para facilitar la búsqueda de orígenes de aquellos que lo deseen sin necesidad de recurrir a la Justicia.